Vuelve la guerra del agua
El Gobierno da el visto bueno al plan de la cuenca del Tajo, que se aprobará en un mes y que recortará un 40% el caudal trasvasado a Almería, Murcia y Alicante
En Pastrana (Guadalajara), sólo una pancarta rompía este fin de semana la panorámica ducal y apacible con la que el pueblo de la princesa de Éboli recibe al viajero: «No al trasvase Tajo-Segura». Al borde del embalse de Bolarque, kilómetro cero de la obra, el agua es intocable y el trasvase, «insostenible», como dijo este verano Emiliano GarcíaPage. Al otro lado del acueducto, los sindicatos de regantes le recuerdan al barón socialista las palabras de Indalecio Prieto, el ministro de Obras Públicas que impulsó la obra en 1933. El histórico dirigente republicano del PSOE sostuvo que quienes no apoyasen este trasvase «serían no enemigos del régimen, sino unos miserables traidores a España». Aún hoy, pocas cosas enardecen más los ánimos que el agua.
Y ahora, en el vértice de la carrera electoral de 2023, incluso con más ferocidad. La guerra del agua se reabre este otoño porque, según ha sabido EL MUNDO, el Ministerio de Transición Ecológica le da el visto bueno al nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que propone recortar 105 hectómetros cúbicos anuales desde 2027, lo que supone más de un 40% de la media que se trasvasa anualmente a Almería, Murcia y Alicante. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lo aprobará a finales de octubre o principios de noviembre, para tener completado el mapa hídrico de España en diciembre. Así se lo ha transmitido el propio Gobierno a las comunidades implicadas. Al menos, a las dos que gobierna el PSOE, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, según las fuentes regionales consultadas.
A un mes de que se cumpla la previsión del Ejecutivo, la tensión se dispara. Este diario se ha puesto en contacto con los dirigentes políticos de las cuatro comunidades afectadas. Mientras que la Comunidad Valenciana (gobernada por el socialista Ximo Puig), Andalucía y Murcia (ambas, del PP) reclaman que no se recorte la cantidad de agua transferida, en Castilla-La Mancha y en el Ministerio apuestan por un cambio de modelo que priorice el agua desalada. No en vano, el Ejecutivo central viene recortando las cantidades trasvasadas en pos de la mejora de los caudales ecológicos del Tajo. O sea, de la cantidad mínima de agua que debe tener el río a su paso por Aranjuez, que se eleva de 6 a 8,65 metros cúbicos por segundo en el nuevo plan de cuenca.
En septiembre, la cantidad transferida ha sido de 7,5 hectómetros cúbicos, pero sólo para consumo humano y no para los regantes del principal pulmón hortofrutícola de Europa. Éstos inciden en que el trasvase da empleo a 300.000 personas y riega el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España, así como 55 millones de árboles que evitan la «desertización» de la zona.
Fernando López Miras, presidente de Murcia, da su opinión a este diario: «Que el Gobierno central quiera acabar con el trasvase sólo tiene una explicación y es política. No hay ningún criterio técnico que justifique ese recorte y menos si tenemos en cuenta que hay más de 40 trasvases en España y a Sánchez sólo le molesta uno, el que abastece a Murcia, Alicante y Almería». «El trasvase es fundamental para el Levante y, por consiguiente, para la economía del conjunto de España», pero Pedro Sánchez está dando, a juicio del barón murciano, «pasos para llegar a su cierre».
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, asegura que «si se trasvasa agua para regadío, eso resta desarrollo a nuestro territorio». «Y se deben utilizar las desaladoras, que son la tabla de salvación del regadío del Levante». «No queremos que haya guerra del agua ni hacer de esto una herramienta política», incide, porque «la normativa europea exige priorizar los intereses de la cuenca cedente para garantizar su desarrollo y abastecimiento, así como los caudales ecológicos mínimos». El equipo de Page está dispuesto a «financiar el coste excesivo» que tenga la desalación para los regantes del Levante. Y recuerdan que es el Tribunal Supremo el que obliga a respetar caudales ecológicos.
En el equipo de Juanma Moreno aseguran que «las circunstancias son difíciles y podemos ser comprensivos» por la falta de agua debida a la sequía, «pero no nos parece lógico que la solución sea siempre recortar a quienes menos tienen». Para la Junta, que José Luis Rodríguez Zapatero derogase el Plan Hidrológico Nacional supuso «una oportunidad perdida». Y pide que se retome. «Y que el Gobierno coja el toro por los cuernos y construya las desaladoras y depuradoras necesarias, porque mientras no lo haga, todo serán parches».
Roger Llanes, secretario de Agricultura de la Comunidad Valenciana, aún confía en que el Ministerio pueda hacer cambios estructurales y de última hora en el texto. «Abogamos por que no haya recorte del trasvase si no hay previamente una alternativa que garantice esa misma cantidad y al mismo precio», explica. Llanes cree que se puede conseguir un precio competitivo de la desalación, pero no de inmediato, así que ahora demanda «negociar con el Gobierno para que no llegue a término este recorte», y reclama «actuar mejor sobre la depuración del Tajo», para que lo verdaderamente ecológico sea el estado del agua y no su cantidad.
Pero en la Diputación de Alicante han encendido las alarmas. Su presidente, Carlos Mazón (también líder del PP valenciano), vaticina «el desastre más absoluto». «Ecológicamente, es mejor un trasvase que un desierto en la huerta de Europa». Y explica que «el agua desalada es muy perjudicial para los cítricos». «¡Con lo que es la naranja para la Comunidad Valenciana!», remata.
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