Cimbrada, narrativa de la 4T sobre los normalistas
La renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo a la Unidad EspecialdeInvestigación y Litigación del Caso Ayotzinapa expone una crisis dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), que tendrá que nombrar a un funcionario sustituto que continúe con las indagaciones emprendidas durante este sexenio, las cuales abrieron una nueva narrativa sobre lo ocurrido en la noche de Iguala.
La dimisión del fiscal especial, quien contaba con el visto bueno de los padres de los 43 estudiantes, es atribuida a una serie de diferencias con otro sector de la misma institución.
19 de agosto: El fiscal especial Gómez Trejo y el equipo de la unidad especial viajan a Jerusalén para explicarles a los fiscales israelíes por qué se solicita la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio. Además, el titular de la carpeta de investigación del ex procurador Jesús Murillo Karam, Arturo Pascual Soto, se encuentra de vacaciones en Panamá.
Mientras Gómez Trejo está en vuelo, la Policía Ministerial ejecuta una orden de aprehensión contra Murillo Karam que la unidad especial no conocía.
20 de agosto: La FGR no agota el plazo legal de 72 horas para presentar al detenido ante el juez. No le dan tiempo a Arturo Pascual para regresar de Panamá. Dos fiscales de la Unidad de Asuntos Internos ajenos al tema Ayotzinapa, Lidia Bustamante y Sergio Navarro, se encargan de la audiencia de vinculación de Murillo Karam. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia los reprende por su desconocimiento del caso y “porque hay un desorden, no vienen debidamente preparados”.
26 de agosto: Gómez Trejo y su equipo regresan a México. Mientras estaban en el extranjero, la totalidad de los 13 agentes ministeriales asignados a la unidad especial fue enviada a un centro de la FGR en Querétaro porque —les dijeron extraoficialmente— son investigados por “posible corrupción”.
7 de septiembre: Un día antes del viaje a Israel, el 18 de agosto, la unidad especial había solicitado 83 órdenes de aprehensión. Ese día la FGR pide al juez Enrique Beltrán Santes la cancelación de al menos 21 de ellas.
15 de septiembre: La unidad especial reclama por escrito al juez Beltrán por haber aceptado la solicitud de la FGR sin que hubieran sido “advertidos motivos sustanciales”; le pide copia del pedimento de cancelación, así como notificación formal del relevo de sus litigantes.
24 de septiembre: La filtración de una versión sin testar del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia es publicada en la prensa. Fueron revelados nombres, teléfonos y números de identificación de Blackberry de personas cuyas telecomunicaciones habían sido intervenidas.
26 de septiembre: Se cumplen 8 años de la noche de Iguala.
Al responder a la pregunta de si deben reponerse las órdenes de aprehensión canceladas, el Presidente pone el trabajo de la unidad especial por debajo del informe de la comisión: “no debería porque el informe es el que nosotros consideramos como válido, sin descartar otros”.
El Comité de Padres y Madres de los 43 desaparecidos denuncia que solo 4 de 20 militares imputados han sido detenidos, rechaza la cancelación de las órdenes de aprehensión y denuncia la filtración de “partes sensibles de la investigación desde el propio gobierno para obstaculizar los procesos judiciales”.
Por la noche se da a conocer la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo.
27 de septiembre: En su conferencia de Palacio Nacional, el presidente López Obrador anuncia que la FGR “va a nombrar otro fiscal, vamos a continuar”.
Diferencias entre dos bloques de la FGR sobre el arresto de Murillo y el freno a detenciones obliga al fiscal a renunciar