¿Por qué importa la militarización?
Durante las últimas semanas, el problema de la militarización ha ocupado buena parte de la agenda nacional. Oponerse o aceptarla polarizan el debate y el espacio simbólico del poder. ¿Por qué es relevante?
Empecemos por definir el concepto. Militarizar es la participación de las instituciones militares en actividades propias del gobierno civil. Así entendida, va mucho más allá de la participación del ejército y la armada en la seguridad pública (que la Constitución reserva a corporaciones civiles). El gobierno del presidente López Obrador también ha encomendado a las Fuerzas Armadas (en adelante FF. AA.), entre otras, tareas relacionadas con la aviación, la salud pública, la migración, la educación, la construcción de infraestructura civil y bancaria, el medio ambiente, las aduanas y los puertos (véase Inventario nacional de lo militarizado en www.bit.ly/3BTWJdM).
Existen varios planos de análisis. Desde la perspectiva normativa, la Constitución limita la participación de las FF. AA. a las funciones relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad interior, la defensa exterior del país y aquellas relacionadas con la disciplina militar. Pero han sido los gobiernos civiles quienes les han encomendado otras tareas. Ello genera una fuerte tensión entre la obediencia al mando civil y el respeto al texto de la Constitución. Vaya dilema para marinos y soldados.
En la dimensión política, las FF. AA. se convierten de facto en actores políticos y económicos que inciden en las actividades y decisiones públicas. Las responsabilidades encomendadas y el presupuesto que las acompaña generan intereses y agendas propias. El problema es que la lógica de la obediencia, propia de la institución militar, es antitética con la complejidad que implica el diseño e implementación de políticas públicas cimentadas en derechos. Hay innumerables ejemplos que, por razones de espacio, no puedo exponer.
En el fondo, el problema es pretender dar soluciones simples a problemas complejos. Sin duda, el país tiene una gravísima crisis de seguridad pública. Existe una ruta de salida. Pero esta conlleva años de inversión y perseverancia en la profesionalización de policías, fiscales y jueces en todos los niveles de gobierno; crear un sistema penitenciario moderno; desarrollar sistemas de información bien construidos y compartidos; diseñar políticas criminales nacionales consensuadas y coordinadas. Si esta ruta existiera, las FF. AA. podrían tener un papel relevante, pero su presencia, sin un plan de acción de mediano plazo, solo garantiza que el problema se agravará.
Más allá, la creciente intervención de las FF. AA. en acciones de gobierno civil trastoca todo el sistema constitucional. Por eso los argumentos del presidente López Obrador esconden implicaciones políticas de enorme complejidad que están trastocando la vida pública de este país.