La Constitución de López Obrador

López Obrador ha repetido que su triunfo en 2018 no significó el inicio de un gobierno más, sino el comienzo de la “Cuarta Transformación”. En esta narrativa, su llegada al poder significó un cambio equiparable a la Independencia, la Reforma y la Revolución. Para el obradorismo, la culminación de ese proceso tendría que ser la instauración de un nuevo régimen que termine con la era neoliberal y refunde la nación.

Pero, a diferencia de los movimientos armados que habían caracterizado la historia nacional, López Obrador llegó al poder por la vía de las elecciones libres y no propuso una nueva Constitución. ¿Cómo inaugurar una nueva era sin una transformación radical de la Constitución? Esa ha sido una de las mayores contradicciones del obradorismo. La radicalidad del discurso de López Obrador rápidamente se topó con los contrapesos que existen en cualquier democracia constitucional.

Aunque López Obrador apostó inicialmente por la vía de las decisiones administrativas, poco a poco advirtió las limitaciones de esta estrategia. El intento por privilegiar indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es solo uno de muchos ejemplos: cuando la Suprema Corte nulificó la política del Ejecutivo, el obradorismo aprobó una reforma legal y, cuando ésta estuvo a punto de ser invalidada, López Obrador impulsó una reforma constitucional.

Para mediados del sexenio, López Obrador tenía clara la necesidad de impulsar reformas mayores. Por eso, después de las elecciones de 2021, apostó por tres reformas constitucionales que sí pretendían transformar al Estado mexicano: profundizar la militarización de la seguridad pública al establecer el carácter militar de la Guardia Nacional; ubicar a la CFE en una posición monopólica al desmantelar las condiciones de la competencia económica, y dinamitar al INE y los mecanismos de representación a través de una ambiciosa reforma electoral.

Estas tres reformas fracasaron. Pero, en el ocaso de su mandato, López Obrador ha redoblado la apuesta. Así, anunció que el 5 de febrero presentará varias iniciativas de reforma constitucional que marcarían una modificación sustancial de la división de poderes, al desaparecer muchos de los órganos constitucionales autónomos y modificar la estructura del Poder Judicial. A este paquete de propuestas se suman iniciativas en materia energética, de pensiones, salario mínimo y programas sociales.

El Presidente sabe que estas reformas difícilmente se aprobarán. Su objetivo es otro: poner esas iniciativas al centro de las campañas presidenciales, dar un carácter plebiscitario a las elecciones

_ y obligar al nuevo gobierno a seguir esa agenda legislativa. López Obrador cedió, simbólicamente, el bastón de mando. Pero no ha cedido, ni cederá, en su afán por protagonizar las elecciones e imponer a quien lo suceda su visión de la nación.

AMLO apostó al inicio por decisiones administrativas y luego impulsó reformas mayores