JUNTS TUMBA LA AMNISTÍA Y PONE EN JAQUE LA LEGISLATURA
La amnistía, que tanto ha desgastado al PSOE, no superó el trámite del Congreso. El fiasco lo provocó Puigdemont, que no ve asegurado el borrado de todos sus delitos
El Congreso, la cámara en la que Sánchez presume de contar con una mayoría dispuesta a sostenerle, se ha convertido en un terreno de juego infernal para los socialistas, atenazados permanentemente por las exigencias chantajistas de Junts, el pilar clave en el que se apoyan.
Si el Gobierno sudó sangre hace tres semanas para sacar adelante dos de los tres primeros decretos de la legislatura y sólo lo logró tras condescender in extremis a las demandas de los de Puigdemont, ayer la tortura se repitió con mayor crudeza. La proposición de ley de Amnistía, piedra angular del canje de votos que necesita Sánchez a cambio de impunidad para Puigdemont y los implicados en el procés, se ha revelado nítidamente como un pantano en el que se hunde el PSOE. Ayer sufrieron el que quizá sea su mayor varapalo parlamentario sólo por detrás del que padecieron en 2019 cuando ERC votó en contra de los Presupuestos e hizo caer al Gobierno.
Junts no afloja, hasta el punto de que con su maniobra de ayer golpea con dureza a Sánchez y pone en jaque la legislatura. Los aparentes pasos atrás del partido de Puigdemont –ayer en la votación de conjunto de la ley de Amnistía optó por el no forzando su devolución a la Comisiónde Justicia y retrasando su tramitación– son sólo para tomar nuevo impulso en sus pretensiones.
Los de Puigdemont tomaron su decisión
después de comprobar que el PSOE no apoyaría las enmiendas que ellos consideran esenciales para blindar completamente la amnistía para su líder, puesta en riesgo por los autos de los jueces Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre.
De esta forma, Junts abre un nuevo plazo que podría llegar a ser hasta de un mes para seguir presionando al Gobierno y al PSOE, sabedores de que sus siete votos son para Pedro Sánchez la clave del poder y que el próximo test para el Gobierno –la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado– está a la vuelta de la esquina.
Las exigencias de Puigdemont pasaban por que los socialistas aceptaran suprimir de la lista de delitos no amnistiables, los actos tipificados como terrorismo, traición y contra la independencia del Estado. Estas eran las demandas principales pero no las únicas: también abogaban por ampliar el periodo que cubra la amnistía desde el 1 de noviembre de 2011 –no desde el 1 de enero de 2012–, hasta el 13 de noviembre de 2023; que la amnistía se aplique sin limitaciones a quienes colaboraron, asistieron, asesoraron o protegieron a los líderes independentistas de manera que puedan acogerse a la medida de gracia personas como Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, o los mossos que le prestaron escolta cuando se fugó de España y establecer que los recursos por discordancia con normas europeas o con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE «no afecten a la vigencia y aplicabilidad general» de la amnistía.
Junts ejerció presión sobre el Gobierno hasta el último minuto e in