«En la UE hay que impedir conceder amnistías para lograr investiduras»
PONENTE DE LA DIRECTIVA ANTICORRUPCIÓN. La eurodiputada liberal rumana que ha llevado la negociación para prohibir amnistías critica que los socialistas querían aguar el texto
Ramona Strugariu (Barlad, Rumanía, 1979) ha sido la ponente encargada de redactar la posición de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo en la nueva directiva anticorrupción. Es eurodiputada de Renew (el grupo liberal al que pertenece Ciudadanos) desde 2019 y sacó adelante el jueves incluir la enmienda para prohibir amnistías e indultos en la UE –defendida en la negociación sobre todo por el PP y Vox– tras plantarse ante propuestas como las socialistas que, a su juicio, aguaban la directiva. Pregunta. ¿Por qué la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo está a favor de prohibir las amnistías a malversadores en la UE?
Respuesta. Porque la corrupción es una plaga. Cuando se ocupa un cargo público y se malversa el dinero público es una traición a los contribuyentes y un problema enorme. Y no afecta sólo a una persona. Afecta a todo el mundo. He visto a mucha gente salir a la calle en mi país también, y defender el marco anticorrupción y un estado de derecho y unas instituciones estatales que se supone que deben actuar de forma independiente. Por tanto, prohibir amnistías e indultos por este tipo de delitos de corrupción no es una declaración política, es necesario incluirlo en una directiva europea. P. ¿Cuándo entrará en vigor? R. La posición de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo está clara, ahora tenemos que iniciar un diálogo con las otras instituciones comunitarias. Soy plenamente consciente de que las negociaciones posteriores con el Consejo Europeo [el que componen los Gobiernos] no serán fáciles, pero creo que tenemos una base muy sólida y que está claro que la corrupción mata. Por eso necesitamos un marco preventivo muy fuerte como es esta directiva. También un marco coherente y armonizado para los delitos penales y las circunstancias agravantes y la prohibición de amnistías e indultos.
P. ¿Cómo fue la negociación de esta enmienda en particular? La eurodiputada de su grupo, Maite Pagaza, asegura que fue muy dura...
R. Fue uno de los asuntos más delicados de todas las propuestas legislativas y sobre todo entre diferentes representantes de la delegación española pertenecientes a diferentes grupos políticos. No fue nada fácil porque cada partido tenía una línea roja. Yo dije que, al margen de las acaloradas conversaciones políticas en España o en cualquier otro lugar, tenemos que asegurarnos de contar con un marco anticorrupción muy sólido, garantizado por esta directiva. Hay que proteger el estado de derecho y la independencia de la justicia en la UE y eso significa que hay que impedir conceder indultos o amnistías para conseguir investiduras o derribar gobiernos.
P. El respaldo en la votación ha sido muy amplio. ¿Es un mensaje claro contra de la amnistía que está promoviendo el Gobierno español?
R. El Parlamento Europeo envía un mensaje muy claro a todo gobierno europeo que esté tentado a utilizar tales instrumentos o a todo político con tentación de cometer delitos. Hemos visto también escándalos de corrupción en la Eurocámara, así que tenemos que ser claros.
P. ¿Por qué rechazó la propuesta socialista de salvar de la prohibición a gobiernos regionales y municipales?
R. En la negociación hubo diferentes propuestas de los socialistas, pero también de los conservadores y de todos los grupos en general. Algunos querían hacer exclusiones de la lista de gran corrupción sobre la que prohibir amnistías por el delicado momento en su país, pero eso debilitaba la directiva, estábamos poniendo en peligro a los organismos nacionales anticorrupción que tenían estándares mucho más altos. Fue una línea roja para mí y también para mi grupo político, porque cuando renuncias a cosas para complacer a todo el mundo, acabas teniendo una directiva que no es aceptable para los ciudadanos ni para el interés público. Ellos [los socialistas, sobre todo] intentaban vincular la definición de corrupción con la cuestión de las amnistías y los indultos. Eso era inaceptable y no servía al propósito de la propia directiva, sino a algunos intereses políticos del momento, así que decidimos volver a la redacción inicial que era más fuerte.
P. ¿Excluir a dirigentes regionales de la prohibición de amnistiar le parecía debilitar la directiva?
R. Sí, querían acotar la prohibición sólo a peces muy gordos, pero cuando estamos hablando de corrupción de cargos públicos no se pueda aceptar para unos sí y para otros no. También hay que tener en cuenta que en la UE hay estados descentralizados.
P. ¿Por qué rechazó también excluir de la prohibición de amnistiar a los que malversan sin lucro personal?
R. Sí. Algunos colegas plantearon hacer esa diferencia, pero no es menos seria la corrupción si se desvía el dinero público a un fin político, aunque no haya lucro personal.
P. ¿Por qué eleva la pena mínima por malversación a seis años?
R. Con los seis años queremos ser ambiciosos y garantizar que en todos los sistemas jurídicos de los estados miembros hay un castigo severo.
P. En España el Gobierno pactó con Esquerra un máximo de cuatro años...
R. No se podrán tener estándares más bajos que los que indica la directiva, así que es algo que los Estados tienen que tener en cuenta cuando establezcan su marco de sanciones. El marco al que estamos llevando la directiva es ambicioso así que los distintos Estados tendrán que evaluar sus códigos penales y adaptarlos.
P. En su país, Rumanía, ya hubo un intento de amnistía en 2019 que incluía malversación. ¿Fue importante la presión de la Comisión Europea para que terminara siendo abortada?
R. Sí, la Comisión Europea dio apoyo con mensajes muy fuertes. En Rumanía se estaba produciendo un golpe al estado de derecho. Cientos de miles de personas salieron a las calles y protestaron contra eso y es un indicador claro de que la gente no lo tolera. Por eso, además del apoyo internacional, es nuestro deber crear en cada país un Estado de derecho y un marco anticorrupción sólido que garantice que los que gobiernan defienden el imperio de la ley y no lo dañan. La implicación ciudadana es importante.
«La propuesta de los socialistas en la negociación era inaceptable»
«Bruselas dio un apoyo importante contra la amnistía en mi país»