Ocho meses después del sismo
El 19 de mayo habrán transcurrido 8 meses del sismo que cimbró la tierra. Este conteo sólo lo llevan los damnificados, porque la gran mayoría sigue viviendo donde puede. La mayoría no tiene claridad sobre el destino de sus inmuebles; algunos ni siquiera un diagnóstico definitivo del daño; y peor aún, se desconocen los riesgos del subsuelo, vulnerándose el derecho a una vivienda digna y al de una ciudad segura.
El único programa al que los damnificados han podido acceder de manera homogénea es al de los apoyos para la renta; sin embargo, temporal e insuficiente. Los esquemas de reconstrucción, por el cuestionamiento al principio de redensificación y la vía del endeudamiento (propuesto a la gran mayoría), pero también por su complejidad en trámites y estudios, así como por el menester de un consenso vecinal, no han brindado soluciones a casi nadie. Sólo donde se han aportado recursos privados se ha logrado un inicio de reconstrucción, en un puñado de lugares.
La visión de política pública para atender un desastre natural y a una población vulnerable ha sido limitada. Por un lado, pareciera que ha habido un intento deliberado por minimizar el tamaño del problema, pues a la fecha no hay certidumbre sobre el número total de damnificados y el número total de inmuebles dañados, y se desconoce públicamente la información sobre los polígonos de riesgo en la ciudad. Por el otro lado, con la creación de una Ley, un Fondo Único y una Comisión para la Reconstrucción no se ha logrado, o no se ha querido, implementar una política con prioridades públicas, con base en las verdaderas necesidades de damnificados y de la ciudad; sino que más bien se está permitiendo el acceso discrecional a recursos públicos.
Quizá los intentos de implementación de una buena política pública fueron fallidos por encontrarnos en tiempos electorales y la voracidad de algunos políticos, que la opinión pública calificó de cleptocracia. Un equipo honesto en la Comisión para la Reconstrucción, que promovía un fideicomiso para lograr una mejor transparencia, tuvo que renunciar para que la ciudadanía escrutara el manejo de los recursos públicos para la reconstrucción, dejando a los damnificados con mayores incertidumbres. Hoy desconocemos si los recursos públicos de 2017 y los aprobados para el 2018 están siendo realmente destinados a tareas de reconstrucción y atención a damnificados, o con objetivos clientelares.
Todo lo anterior indigna a los damnificados, pero posiblemente también esté contribuyendo a que la clase media se organice, exija y haga de contrapeso al poder gubernamental. La ciudadanía está exigiendo la rendición de cuentas sobre los recursos para la reconstrucción, y Nosotrxs va a ser fundamental en este movimiento.
Nosotrxs promovió el fondo único para mayor visibilidad de los recursos, y puso a disposición pública información relevante sobre su manejo (http://nosotrxs.org/?p=6977). Con ello, esperamos que autoridades informen de manera detallada cada actividad destinada a la reconstrucción. Fomentaremos la participación de la ciudadanía, centrada en la protección de los de los derechos de los damnificados. En conjunto con damnificados, vigilaremos el correcto uso, justificación y priorización de los recursos para la reconstrucción.
La visión de política pública para atender un desastre natural y a una población vulnerable ha sido limitada. Por un lado, pareciera que ha habido un intento deliberado por minimizar el tamaño del problema, pues a la fecha no hay certidumbre sobre el número total de damnificados y el número total de inmuebles dañados