Franco Bucio
Por las condiciones de mercado se emplea al DRO más barato, quien menos objeciones pone y que firma sin miramientos.
Como ya he comentado en esta misma columna, el director o perito responsable de obra (DRO) es el profesionista reconocido y registrado por la autoridad local para fungir como auxiliar de la administración en la tarea de vigilar que en las obras nuevas, reestructuraciones, ampliaciones o demoliciones relacionadas con edificios de cualquier índole se cumpla con la normatividad asociada.
La principal obligación es la de asegurar que las obras sean seguras y se apeguen a los reglamentos de construcción y a sus normas técnicas, a la legislación inherente al uso del suelo, a las regulaciones relativas al impacto ambiental, a la seguridad, a la salud, a la accesibilidad y a la protección civil.
Esta responsabilidad conlleva un bagaje de conocimiento muy amplio en temas legales y técnicos que demanda necesariamente una actualización profesional permanente, lo que incluso se dispone en las condiciones del registro.
Los documentos que evidencian la actuación de los DRO consisten principalmente en firmar las solicitudes de permisos de construcción, los planos correspondientes y el resultado de inspecciones a inmuebles como las de operación o seguridad estructural, o la prevención de incendio. En otras palabras, constituyen la opinión calificada del cumplimiento de ordenamientos por parte de los propietarios de las obras o los inmuebles, plasmando el valor de su solvencia técnica y moral con su firma.
Pero, ¿qué sucede en realidad? Resulta que las condiciones de mercado, que siempre buscan el menor precio sobre la calidad de los servicios, emplean al DRO más barato, quien menos objeciones pone a los proyectos y que firma sin miramientos las solicitudes de permisos, lo que pone en verdadero riesgo a los usuarios de los edificios y a la sociedad en general.
Estos ‘firmones’, quienes incluso se asocian con los funcionarios menores para exigir que sólo sea con ellos el trámite, son los pseudoprofesionistas que denigran este servicio profesional enfocado en dotar de transparencia y fiabilidad todo un proceso que culminaría con edificios seguros y ‘legales’.
A esta tendencia se suma la falta de actualización de los DRO y los corresponsables en diversas especialidades, que debieran otorgar los colegios de profesionistas con una currícula transparente y no como condición de pago para emitir la constancia de afiliación necesaria para el refrendo del registro.
Esta oferta desmedida de firmas de ‘responsivas sin responsabilidad’ con la anuencia de las autoridades locales hace inoperante cualquier iniciativa de profesionalización del servicio, como la que el Distrito Federal inició desde la administración pasada, al constituir un esquema de vigilancia a los DRO y los corresponsables de Seguridad Estructural que hoy sólo existe en el papel. No olvidemos que entre una de sus obligaciones está, desde 2011, la de emitir los aranceles aplicables a estos profesionistas y cuya inobservancia coadyuva a fortalecer la presencia de esos ‘firmones’.
Estos ‘firmones’... son los pseudoprofesionistas que denigran este servicio profesional enfocado a dotar de transparencia y fiabilidad”