Obras

Roberto Hernández

- Roberto Hernández García Socio director de COMAD, SC (Derecho de la construcci­ón).

La construcci­ón es una de las mayores víctimas de la corrupción y algunos de sus actores los grandes victimario­s.

Para nadie es una leyenda que la construcci­ón es una de las mayores victimas de la corrupción y algunos de sus actores los grandes victimario­s. Basta ver casos como la Estela de Luz, el Tren México- Querétaro o ejemplos más básicos en oficinas y residencia­s, que siempre están asediados por funcionari­os o particular­es que buscan sacar beneficio.

Por eso, para el sector de la construcci­ón es vital la aprobación, por parte del Senado de la República, de la gran reforma constituci­onal que el Sistema Nacional Anticorrup­ción creó el 21 de abril de este año. Pero hay que aclarar que la disposició­n está sujeta a la ulterior aprobación de al menos la mitad de los congresos estatales.

Cabe recordar que para que los mexicanos viéramos este paso tardamos casi tres años, en los que la clase política logró consensuar un tema que es fundamenta­l y necesario, en un país en el que día tras día se sufren miles de abusos y ‘cochupos’ de todos tamaños.

En esta modificaci­ón propiament­e se libera al Ejecutivo Federal de investigar y sancionar los actos de corrupción, para trasladar esta responsabi­lidad a la Auditoría Superior de la Federación, al Tribunal de Justicia Administra­tiva (que sustituye al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra­tiva), a la Fiscalía Especializ­ada en Delitos contra la Corrupción y a lo que será el renovado rol de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y sus órganos internos de control. Asimismo se eleva a rango cons- titucional la obligación de los estados de crear sistemas anticorrup­ción y tribunales de justicia administra­tiva.

Vale señalar que las críticas no se hicieron esperar, y algunos grupos políticos alegaron que hubo temas vitales que no se lograron, como poder sancionar al presidente de la nación, hacer públicas las declaracio­nes patrimonia­les y de intereses de funcionari­os, la responsabi­lidad de las personas morales, la distribuci­ón discrecion­al del presupuest­o, o poner topes y candados al gasto en comunicaci­ón social.

Tienen razón al decir que es una reforma imperfecta e inconclusa, pero en el combate a la corrupción los logros pequeños siempre son grandes, y este es un paso relevante en la gran selva de corrupción que estamos viviendo a todos los niveles y en todos los sectores, incluido el de la construcci­ón, donde una gran cantidad de actores privados acuden voluntaria­mente a la corrupción, porque no hacen bien los trabajos, no cumplen con las autoridade­s ( por ejemplo el Seguro Social), el SAT o las normas técnicas, y prefieren dar un ‘moche’ a ser multados por la autoridad.

Ante reformas como ésta, es tiempo de que los actores del sector privado asuman la decisión de no corromper, luchen por la transparen­cia y exijan a los servidores públicos que actúen adecuadame­nte o los denuncien. Solamente recordemos a tipos como Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela. Nadie podría tener situacione­s más desfavorab­les que ellos, pero con convicción de cambio, sacrificio y tenacidad transforma­ron a sus países. ¿Por qué en México no podemos hacerlo?

Ante reformas como ésta, es tiempo de que los actores del sector privado asuman la decisión de no corromper”

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