‘Fluye’ privatización del servicio de agua

El esquema para el manejo total del líquido a cargo de la iniciativa privada gana terreno, pero también detractores.

Solidaridad, Benito Juárez, Playa del Carmen y Puerto Morelos son los únicos municipios del país que tienen concesionado el servicio integral del agua, desde la distribución y el alcantarillado hasta el tratamiento de aguas residuales.

El modelo instaurado en 1994 en asociación con el gobierno de Quintana Roo, podría llegar a otros puntos, pero también suma detractores por el costo del servicio.

Aguakan, la empresa constituida por Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y Grupo Bursátil Mexicano (GBM), y que se encargará del servicio hasta 2053, sabe que el factor eficiencia puede jugar a su favor.

“La ventaja es la administración de los recursos que ingresan por el servicio. Nos permite tener buena distribución y acompañar el crecimiento”, afirma Enrique Robles, director general de la compañía.

Manuel Valencia, experto en negocios internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, reconoce que el modelo replica lo que mejor que saben hacer las empresas: administrar los servicios y cobrar por ellos de forma eficiente.

Aguakan tiene una cobertura total de 100% de agua potable y de 96% en drenaje sanitario, con una eficiencia comercial de 95% (diferencia entre volumen facturado y volumen cobrado), cifra superior al 73% de la media nacional, señala Gastón Borda, gerente de Comunicación de la firma.

Pero no todo fluye. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que de 2010 a 2015, la tarifa del servicio de agua de uso doméstico en Solidaridad aumentó 187%, ubicándose como el segundo municipio con mayor alza en el lustro. Si bien el Congreso local establece las tarifas, la compañía tiene la facultad de “reclamar al gobierno estatal que las actualice”, declara Robles.

La Asociación Civil la Fuerza del Consumidor interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado contra Aguakan por los cortes en servicio por el impago de la población de escasos recursos. Su presidente, Rafael Ortega, indica que la empresa ‘corta’ el agua y además cobra alrededor de 1,500 pesos por reconexión. Eso “atenta contra los derechos humanos”, remarca.

“El costo final no es la venta de agua, es todo el proceso de transporte y conducción”, arguye Robles.

subió la tarifa de agua doméstica en Solidaridad.