LOS SOBORNOS INCREMENTAN EL COSTO DE OBRAS: POORTMAN
El Sistema Nacional Anticorrupción está en camino; el desafío está en cómo instalarlo, el especialista brinda una alternativa.
Christian J. Poortman asume un gran reto todos los días desde hace seis años: hacer de la construcción un sector más transparente en el plano mundial.
Este holandés preside la organización Transparencia en el Sector de la Construcción (COST, por sus siglas en inglés): es una iniciativa que pretende aumentar la rendición de cuentas en la contratación, ejecución y liquidación de proyectos de obra pública mediante la divulgación de datos.
“La falta de transparencia en las licitaciones es un problema que vemos en todo el mundo, incluyendo los países desarrollados”, declara Poortman.
En el índice de percepción de corrupción a escala mundial de Transparencia Internacional 2016, México ocupa el puesto 95 entre 168, y el 11 entre las 22 naciones de América Latina.
La sensación general es que la corrupción en México en el rubro de la construcción ha aumentado, dice Roberto Hernández, abogado especializado en contratación pública y construcción pública y privada del despacho Comad.
“Es un tema de preocupación, porque entre menos postores más caros son los precios, y gasta más el Estado”, apunta.
En junio fue aprobado el Sistema Nacional Anticorrpución por el Senado, pero la preocupación es que las reformas se queden en el papel y no se hagan cumplir, como ha ocurrido en otros países que instauraron sistemas similares, asegura Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Según Poortman, COST es un mecanismo que puede evitar que eso ocurra.
La organización está presente en 15 países de Asia, Europa, Centroamérica y África, algunos relativamente pobres y otros muy sofisticados, como el Reino Unido.
“Lo que hacemos es crear un grupo multisectorial, que incluye representantes del sector privado, la sociedad civil, el sector público y observadores de asistencia técnica, y les damos acceso a la información de todos los proyectos”, explica Poortman.
Ellos analizan los datos y pueden cuestionar por qué un proyecto resultó más costoso de lo que se presupuestó inicialmente, por qué se tardó mucho más o por qué se está llevando a cabo en un lugar distinto del acordado.
El especialista holandés asegura que “gracias a estas preguntas se han rediseñado obras y otras se han cancelado”. Aunque aclara que la respuesta a los interrogantes no es siempre la corrupción, pues hay otros motivos que causan retrasos o sobrecostos, como problemas administrativos o ineficiencia. “No nos enfocamos únicamente en la corrupción, sino en mejorar la relación precio-beneficio”, menciona
Los sobornos y el tráfico de influencias en las licitaciones para proyectos de infraestructura “tienen un impacto en el costo de los proyectos. Estimamos que pueden causar incrementos de 10 a 30% en los costos. Además, las obras pueden durar más tiempo en terminarse porque
“Sobornos y tráfico de influencias [...] pueden causar incrementos de 10 a 30% en los costos [de las obras de infraestructura]”.
no hay presiones ni prisas”, comenta Poortman. Asegura que gracias a su programa han identificado obras de infraestructura que han sido completamente modificadas o cuyos procesos han resultado mucho más sofisticados y costosos de lo que deberían haber sido, y también casos en los que se han recortado gastos, generando un resultado final que no es viable ni eficiente, pero “se necesita transparencia y acceso a la información para poder llegar a ese tipo de conclusiones”, afirma.
Resultados probados
Guatemala es una de las naciones donde COST tiene presencia con resultados satisfactorios, relata el ombusdman de la Transparencia. Hicieron pública su información hace tres o cuatro años y han rediseñado proyectos gracias a las conclusiones, “otros han sido cancelados porque el programa ha puesto en evidencia que eran demasiado costosos o inviables”.
Aclara que la aplicación del programa en ese país ha sido muy extensa, pero hay unos cuantos proyectos que no están sujetos a COST porque están etiquetados de forma especial, los llaman ‘proyectos estratégicos’. Para el especialista lo ideal es que todos los proyectos se estén supervisando.
Otro caso destacado es el de Etiopía, en África, en donde el programa también ha identificado proyectos ineficientes.
El gran reto es integrar a algunos países de la OCDE, como México. “Planeamos agregar cinco nuevos países a fi nales de este año”, estima. También esperan sumar a más países europeos, porque “hay una percepción de que los estados desarrollados no enfrentan este tipo de problemas, y no es cierto”. Aunque es difícil comparar a los países porque cada uno tiene problemas muy particulares, México enfrenta dificultades muy similares a muchos otros estados con el mismo nivel de desarrollo. Creo que está claro que hay un problema, y que el gobierno lo reconoce y considera que es necesario tomar medidas al respecto.
Muchas naciones han institucionalizado mecanismos para luchar contra esta problemática como ahora lo hace México con el Sistema Nacional Anticorrupción. “La dificultad siempre está entre lo que dice la ley, lo que se supone que debe hacer cada órgano y la eficiencia con que se implementa. Es decir, lo más complejo es lograr que efectivamente se cumplan esas leyes”, alerta el presidente de COST.
Poortman recomienda que además de esas reformas, leyes y organismos, se añada un mecanismo que revise los números y determine si las regulaciones se están estableciendo correctamente.
COST no pretende ser la única herramienta anticorrupción que tenga un país, explica el investigador, “lo que hace es justamente asegurar que los otros procedimientos funcionen eficientemente”.
El proceso de esta organización muestra datos como: cuántas empresas participaron en una determinada licitación, los precios acordados antes de su instalación y la variación de ese costo. “Actúa como un par adicional de orejas y de ojos que sirven para cuidar que las leyes y los procedimientos se respeten”, dice.
Poortman refiere que el gobierno mexicano ha mostrado interés en los beneficios que puede darle COST, aunque todavía no ha dicho que lo aplicará, “pero quieren ensayarlo en algunos proyectos”, menciona.
Para el holandés, las autoridades mexicanas no se han decidido porque “están siendo inteligentes. Primero quieren analizar sus verdaderos beneficios, entiendo que lo quieran ensayar antes de integrarse al programa”.
“La dificultad siempre está en lo que dice la ley, lo que se supone que debe hacer cada órgano y la eficiencia con que se implementa”.