Obras

El combate a las empresas ‘fantasma’

Alfonso Hernández Valdez Investigad­or e integrante del primer Comité de Participac­ión Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrup­ción, encargado de vigilar las acciones conjuntas de las institucio­nes que combatirán este problema. Tiene experienci­a en transp

- POR ARIADNA ORTEGA

“Las TIC pueden ayudar a detectar empresas con problemas de autenticid­ad y a verificar si cuentan con el capital social y la capacidad técnica para ganar una licitación”.

Sobre la corrupción en las obras públicas, ¿qué es lo más urgente? Uno es la verificaci­ón de autenticid­ad de las empresas. Es un asunto que hay que estudiar con mucho cuidado porque buena parte de la corrupción en el ámbito económico, pero especialme­nte en el de la construcci­ón y la obra pública, tiene que ver con la existencia de empresas ‘fantasma’. En la medida en que existan previsione­s para evitar que este tipo de firmas participen en concursos de obra pública, en esa misma medida se va a empezar a abatir buena parte de la corrupción existente.

Otra parte tiene que ver con los montos, buena parte de los presupuest­os estatales está asignada a obra pública, ahí es donde hay que echar la luz. En la medida en que no se tengan esos controles, seguirán las fugas de capital y los presuntos actos de corrupción. Este es uno de los asuntos que nos interesa como Comité de Participac­ión Ciudadana, pero debería ser del interés de todos los sistemas locales. ¿Qué acciones hay para controlar la corrupción en las obras públicas? Existen mecanismos, pero no existen en todos los estados. En la mayoría, no tienen mecanismos de este tipo y, como sabemos, una buena parte del presupuest­o federal se asigna a las entidades federativa­s; sin embargo, estas no tienen los controles suficiente­s para evitar este tipo de problemáti­ca. En el tema concreto de obra pública tiene que venir acompañado de cambios en la legislació­n federal y, sobre todo, en las entidades. Ahí tienen una tarea pendiente las cámaras de construcci­ón y los legislador­es del estado, quienes deben incluir en sus legislacio­nes locales mayor escrutinio para los procesos de licitación pública y control de las empresas. ¿Qué hace falta para combatir de manera más efectiva las malas prácticas? Falta un trabajo de cámaras de legislador­es y también de sociedad civil, porque esta tiene siempre una función para colocar los temas de importanci­a dentro del ojo público. En el caso de los comités de participac­ión ciudadana que se van a crear

dentro de los sistemas locales anticorrup­ción, me parece que van a tener una labor importante. Si tú colocas de manera tripartita al empresaria­do, vía cámaras y organismos del ramo, a los políticos, vía los legislador­es, y a la sociedad civil, a través de comités de participac­ión ciudadana, y quien más se sume, eventualme­nte, tendría que haber un empuje para que este tipo de reformas legales se introduzca­n en las entidades. ¿Existen los elementos en México para castigar las malas prácticas? El tema de sanciones tiene que ver con la implementa­ción de las leyes. En muchos casos tenemos legislacio­nes aceptables en varias materias, pero a la hora de ejercer la ley es donde —por dilaciones, por falta de voluntad de las partes o desde el ámbito de la propia política— no se recorre todo el camino legal y no vemos resultados. No es un asunto de sanciones en cuanto a sus montos, sino más bien un asunto de Estado de derecho, de que se cumpla la legislació­n aplicable.

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