¿Condenados a la corrupción?

Eduardo Bohórquez Director de Transparencia Mexicana (TM) e impulsor de la Ley 3 de 3. Este año acompaña la discusión en el Congreso acerca de los cambios pendientes en la legislación sobre obras públicas y adquisiciones.

Tres expertos opinan sobre mejorar prácticas en la obra pública.

Los legisladores frenaron la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, prevista para el 19 de julio, al posponer la elección de su fiscal. Obras presenta a tres voces expertas como un llamado urgente a habilitar mejores prácticas y sanciones en la obra pública.

“(A México) le hace falta asumir la responsabilidad histórica de convertir las leyes de obras y de adquisiciones en verdaderos instrumentos anticorrupción y transformar el marco legal en serio”. — Eduardobohórquez,directordetm

¿Cuáles son los puntos vulnerables en el ciclo de vida de una obra pública? El problema más grande de una licitación pública es que esta empieza durante una campaña electoral. Después nos encontramos con una inadecuada planificación de obras que no identifica la demanda y las necesidades de la población, así como con proyectos que arrancan y se anuncian sin tener las condiciones mínimas para asegurar su viabilidad y terminan convirtiéndose en ‘elefantes blancos’.

En la segunda fase de la licitación, de la convocatoria al proceso de licitación, hay requisitos para favorecer a una empresa o condiciones que dañan la competencia económica, una evaluación inapropiada de las propuestas, falta de transparencia sobre los precios internacionales de los materiales, ajustes inexplicables y, finalmente, la falta de supervisores o auditores capacitados, o que son sobornados para que no se cumpla con la calidad establecida en las bases de licitación. ¿Qué acciones se pueden instaurar para frenar los actos de corrupción en la obra pública? Planear programas de infraestructura de manera independiente de las campañas políticas y de intereses particulares, que las bases se publiquen con antelación para que cualquier interesado pueda opinar sobre ellas, generar acuerdos de integridad con la industria.

Otra acción que se ha utilizado en el mundo son las contrataciones abiertas, es decir, que toda la historia del proyecto de obra pública esté en datos abiertos. También se deben crear buenos inventarios de obra pública, porque muchas veces el ‘elefante blanco’ se queda ahí y se empieza otro hospital en otra zona porque el anterior está cancelado.

Por el lado de las cámaras gremiales, habría que asegurarse de que cuando una empresa violenta los códigos de conducta y las disposiciones legales del país sea expulsada de la cámara, ese es un principio de autorregulación básico y, por último, que una vez que se detecta un caso de corrupción sea prontamente sancionado, y los responsables reciban una pena que sea aplicada, además de que se puedan recuperar activos. ¿Qué le hace falta a México para avanzar en este tema? Le hace falta asumir la responsabilidad histórica de convertir las leyes de obras y de adquisiciones en verdaderos instrumentos anticorrupción y transformar el marco legal en serio.

Necesitamos una ley general de obra pública que se aplique en todo el territorio nacional y en los tres poderes, una ley general de adquisiciones, y asegurarnos de que se apliquen a nivel nacional para no dejar resquicios a la corrupción en ningún municipio. Falta también transparentar el ciclo completo de adquisiciones, desde el inicio del proyecto, el presupuesto y el diseño hasta la ejecución de la obra. ¿Por qué las obras públicas son un blanco fácil para la corrupción? La industria de la construcción es una de las más afectadas por la corrupción en el mundo, en el ámbito privado y público. Lo que pasa es que en el ámbito privado se llama fraude, no lo llamamos corrupción, y se litiga por la vía civil.

La razón por la que son más conocidos los actos de corrupción en obras con el gobierno es porque los gobiernos son los clientes más importantes de las empresas en todo el planeta, y porque los proyectos son mucho más grandes. Los actos de corrupción más frecuentes en el sector privado consistían en materiales que no eran los correctos o en proyectos que estaban mal diseñados pero que, aun así, se contrataron permisos.

¿Cómo están asumiendo las empresas esta lucha?

Están empezando una transformación. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hace tres años empezó a asumir la responsabilidad que tiene el empresariado, pero la manera en que sabremos si realmente estas acciones gremiales están empezando a surtir efectos es observando si las empresas cambian, si las constructoras cambian sus políticas, si evitan ser parte de la corrupción y la extorsión por parte de autoridades y las denuncian.

Ahorita lo que está cambiando es el gremio, la cúpula empresarial, los consejos gremiales, pero lo que tiene que cambiar es la empresa, y la empresa es la que se encuentra de manera cotidiana y sistemática con el gobierno.