CASOS FALLIDOS Existe obra pública construida vía APP con éxito, y también todo lo opuesto:

SEGUNDO PISO AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA Adjudicada por el gobierno de Puebla a Autovías Concesionadas OHL, como pago de una indemnización por el rescate del Libramiento Norte de la ciudad de Puebla. Tenía un presupuesto de 2,500 mdp en 2014 y se elevó a 3,098.8 mdp. En la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF advirtió que los automovilistas pagaban 4.14 pesos por kilómetro, 339.9% más que en la México- Puebla. En la Cuenta Pública 2015 la ASF emitió 15 observaciones (12 solicitudes de aclaración y 3 promociones de responsabilidad administrativa). Entre las irregularidades, no se tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas.

HOSPITAL GENERAL DEL ISSSTE DR. GONZALO CASTAÑEDA ESCOBAR Concesionada a Tradeco y Grupo IGSA en 2014 mediante licitación pública internacional, se contrató como un Proyecto de Prestación de Servicios para la demolición, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación y prestación de servicios médicos. El ISSSTE comprometió el pago de 8,068 mdp al cabo de 23 años, es decir, 322 mdp anuales. Pero en noviembre de 2015 lo canceló por incumplimiento de los constructores, imponiéndoles multas por 146 millones de pesos. En el informe de la Cuenta Pública 2014, la ASF detectó irregularidades en este contrato. Por ejemplo, que no había autorización plena por parte del INAH para la realización.

HOSPITAL GENERAL DE TICUL, EN YUCATÁN Este hospital fue adjudicado como un Proyecto de Prestación de Servicios a la empresa Marhnos, durante el gobierno estatal de la priista Ivonne Ortega, en 2012. El contrato comprometió el pago de 5,571.5 millones de pesos durante 25 años, con pagos anuales de 185.5 millones de pesos. En 2015 el gobierno de Rolando Zapata Bello canceló el contrato por incumplimiento de la constructora. La empresa, a su vez, demandó el pago de 253 mdp como compensación por la terminación contractual anticipada, al argumentar que el gobierno cambió las especificaciones de la obra, pero no las plasmó en un convenio modificatorio, lo que frenó el financiamiento bancario.