Rendir cuentas
C. Chaurand Arzate Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que arrancó acéfalo y sin el nombramiento de magistrados, permitirá que particulares y no solo funcionarios públicos puedan ser objeto de sanción por actos de corrupción graves. Para ambos casos, el órgano responsable de fincar responsabilidades será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que desde el 19 de julio tiene la tarea de desahogar los casos que presenten los órganos internos de control de las dependencias y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El magistrado presidente del TFJA, Carlos Chaurand Arzate, afirma en entrevista con Obras que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) “es un cambio trascendente para el país”, pero advierte que aún falta camino que recorrer para asentarlo, porque seguramente necesitará adecuaciones que se irán resolviendo con el paso del tiempo. “El SNA tiene aportaciones de mucha gente, y eso dificulta la redacción de un cuerpo normativo adecuado. En
consecuencia, vamos a tener que esperar a las interpretaciones que dé el Poder Judicial de la Federación, por medio de los tribunales colegiados, o la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la jurisprudencia que habrá que aplicarse en los casos en que la norma no esté lo suficientemente clara”, apunta.
Chaurand Arzate sabe que hay expectación sobre los resultados que arroje el SNA en el castigo a responsables de actos graves de corrupción. Pero habrá que tener paciencia y limitar las expectativas, porque “la corrupción va mucho, pero mucho más allá de la simple entrada en vigor de un sistema o de una estructura administrativa que la combata”, afirma.
“Creo que se ha sobrevendido lo que es el SNA, que por sí no va a solucionar el flagelo de la corrupción. El sistema es un instrumento que tendrán gobernantes y gobernados para combatir ese flagelo. Pero no es la solución automática. No por el simple hecho de que entre en vigor la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y que los comités estén debidamente funcionando, vamos a terminar con la corrupción”.
También es necesaria la participación de los ciudadanos, agrega Chaurand Arzate.
—¿Habrá que temer al tribunal?
—Más que miedo, debemos dar confianza. Confianza en que quien la hace, la paga. Y que vamos a calificar las sanciones (si son o no graves) profesionalmente, adecuados con la normatividad del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, para que generemos confianza en la ciudadanía de que nuestra actuación es garante de esa confianza que el legislador depositó en esta institución. La integración de casos, clave Las nuevas atribuciones del TFJA están asentadas en su Ley Orgánica, que tuvo cambios el año pasado en el marco de la creación del SNA.
Las responsabilidades que le asignó la ley al TFJA para cerrar el paso a la corrupción han obligado a hacer cambios en su estructura orgánica y su infraestructura. A partir del 19 de julio, se supone que el TFJA debería contar con una Tercera Sección integrada por tres magistrados que analizarían los casos de corrupción, y con cinco nuevas salas regionales conformadas a su vez por cinco magistrados cada una, los que al menos hasta el cierre de esta edición no han sido nombrados. Chaurand Arzate comenta que esos son cambios que llevarán “tiempo y esfuerzo”, tal vez dos o tres meses, calcula.
Pero el tribunal no comienza de cero. Entre 2000 y 2015, recibió cerca de 27,000 expedientes de controversia entre particulares y la administración pública federal, pero solo 5% involucraron casos de responsabilidad de funcionarios. Chaurand Arzate sabe, sin embargo, que esa cifra aumentará a partir de la entrada en vigor del SNA, y que los ciudadanos estarán atentos a sus resoluciones.
“Tendremos que ser muy cuidadosos para lograr una mayor comunicación con la población en esta materia y que entienda cuál es nuestra función y por qué estamos sancionando o no a un servidor público”.
Sus fallos, en todo caso, dependen del buen trabajo que lleven a cabo la SFP y la ASF, responsables de integrar las carpetas de investigación sobre los posibles actos de corrupción que serán su materia prima. “Si esa carpeta de investigación no está lo suficientemente integrada como nosotros exigiremos, yo no podré sancionar al servidor público, y jurídicamente tendremos una verdad legal que no necesariamente concuerde con la percepción o la verdad de la materia”, comenta.
Sabe que el riesgo es que en la percepción de la gente anide la idea ‘equivocada’ de que “el tribunal los está perdonando [a los funcionarios o particulares imputados], o que no se aplica correctamente la sanción”. Por eso “tendremos que ser suficientemente claros”, dice. Los ciudadanos deben saber que las sesiones del TFJA y de su pleno son abiertas al público y los asuntos están disponibles en su página de internet.
—En sus expedientes, ¿qué peso tiene la obra pública? — De enero de 2014 a diciembre de 2016 se presentaron 325 juicios contenciosos administrativos relacionados con la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que se tenga identificada una causa de irregularidad recurrente.
“La litis puede ir desde la recisión de un contrato de obra pública, la sanción impuesta a una empresa para presentar propuestas o celebrar contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la falta de la emisión de un oficio o una autorización, hasta la poca transparencia de una licitación cuya afectación al ente público pudo ser nula o el beneficio del servidor público inexistente. Señalar un dato específico respecto a las irregularidades más frecuentes no sería exacto”.
“Si la carpeta de investigación no está lo suficientemente integrada como nosotros exigiremos, yo no podré sancionar al servidor público”.