Reforma Energética ¿en jaque?
En la década de 1970, México discutía cómo integrar a las comunidades indígenas al desarrollo. En aquellos tiempos parecía que obviar sus costumbres, obligarlas al habla castellana y urbanizarlas era sinónimo de progreso. Un par de décadas más tarde, el país tuvo que aceptar los lineamientos planteados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entre otras cosas reconoce el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados de forma libre, previa e informada sobre las cuestiones —como los proyectos de infraestructura— que conciernen a sus comunidades.
Ahora, los conflictos que genera la falta de claridad en los cómo y bajo qué circunstancias y parámetros se deben realizar esas consultas indígenas ponen en jaque múltiples proyectos de infraestructura, en especial cuando se trata de inversiones en energía alternativa. A partir de la reforma energética y de los compromisos ambientales asumidos en foros multilaterales, como el Acuerdo de París, México se ha obligado a abrir el mercado energético a inversiones extranjeras que brinden el potencial para llegar a 2024 con 35% del total de energía producida por fuentes ‘limpias’. La apuesta energética, según el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, significa inversiones por más de 80,327 millones de dólares (mdd), de los cuales, 9,000 mdd están destinados a energías limpias.
Pero también, desde la aprobación de la reforma, al menos 32 proyectos energéticos ( gasoductos, hidroeléctricas, pozos) han registrado parálisis por conflictos sociales. Y de hecho, más de una empresa ha amenazado con salir del país a causa de la ambigüedad en las reglas de las consultas indígenas. De entrada, la reforma energética prevé la realización de las consultas, pero deja en manos de la Secretaría de Energía la vigilancia de estas, convirtiendo al aparato gubernamental en juez y parte.
Por otro lado, no hay parámetros específicos, definiciones ni formatos establecidos que normen estos procesos. Así, una consulta a una comunidad indígena puede implicar recursos por 500,000 u 800,000 pesos y durar un par de meses o varios años. Tampoco hay claridad en los ofrecimientos o las posturas que puede o debe hacer una empresa para remediar o conciliar con las comunidades, qué está o no permitido en tales consultas, cuándo son válidas y cuándo solo se hacen por simulación.
Tanto para las empresas que invierten como para las propias comunidades es indispensable que se genere alguna Ley de Consultas Indígenas, o al menos un reglamento de operación que transparente estos procesos, que ahora —por cierto— son de carácter 100% privado. Pareciera que al igual que hace casi medio siglo, el tema jurídico de trato a las comunidades indígenas sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades de los tres poderes, y en los tres niveles de gobierno.