Roberto Hernández
El autoritarismo y la ineficacia se agudizan ante la ausencia de mecanismos para resolver controversias.
Estos días recibimos en la oficina casos con un elemento común: la arbitrariedad unilateral e injustificada de privar de derechos a contratistas con un simple plumazo.
Es claro que la administración pública no tiene un estado de igualdad con los contratistas y que, al tener a su cargo la protección de los intereses estatales, muchas veces tiene que tomar decisiones que no agradan a los contratistas. Sin embargo, la protección del Estado no debe confundirse con la actitud dictatorial de hacer lo que les plazca, violando normas legales y derechos de los particulares.
Muchos servidores públicos que se sienten invencibles amenazan a los contratistas, incluso de forma tajante: “Si me demandas, toda la fuerza del Estado mexicano se volcará en contra de ustedes”.
A muchos funcionarios se les olvida que exigir un derecho es por sí mismo un derecho, y que a nadie se le puede amedrentar, amenzar o cuestionar por decidir iniciar una acción legal a causa de un hecho en el que se sienta afectado, pues hacerlo sería una violación no solo a la ley, sino a la ética que rige a un servidor público.
Amenzar con que “toda la fuerza del Estado se volcará en contra de una persona” es una afirmación que denota el absoluto desdén por el Estado de derecho de parte de quienes deberían velar por el mismo.
El panorama se agudiza por la ausencia de mecanismos de solución de controversias que permitan resolver en forma oportuna y efectiva los problemas y pongan un alto a los servidores públicos abusivos, así como a las dependencias y entidades que representan.
Ahora que están por iniciar las campañas y una nueva etapa de la administración pública federal ( gane quien gane), es momento de que aquellos que tomen las riendas del país se percaten de que las instituciones encargadas de la solución de controversias en asuntos de obra pública e infraestructura no tienen un diseño institucional que satisfaga las necesidades reales del sector.
Si bien muchas de las autoridades judiciales (sobre todo federales) son íntegras, no tienen la especialidad ni dominan los procedimientos que permitan resolver en tiempo y forma temas como una reprogramación de obra o ajuste de costos, como sí lo tienen los tribunales o mecanismos especializados para dar solución a estos asuntos.
No resolver los asuntos con especialidad y oportunidad incrementa las posibilidades de arreglos ‘en lo oscurito’, es decir, de prácticas comunes de corrupción, pues las partes involucradas lo prefieren en lugar de acudir a una vía institucional que tardará tanto o más que el proyecto mismo, lo que muchos no están dispuestos a padecer por tiempo y/o costo.
Es el momento de dar el gran paso a mecanismos de solución de controversias efectivos y oportunos en México. Cada día que pasa sin estos hay un costo para las partes, y una de ellas somos, entiéndase, los contribuyentes.
Es el momento de dar el gran paso a mecanismos de solución de controversias efectivos y oportunos; cada día que pasa sin estos, hay un costo”.