Fin de sexenio, ¿qué nos espera en infraestructura?
Estamos a pocos meses de terminar un sexenio que comenzó con esperanza (recordemos el Pacto por México), pero que concluye con espasmos. Podemos hablar de cientos de problemas que nos aquejan: la inseguridad, la corrupción y la incertidumbre, circunstancias todas que generan un grave impacto en la construcción y en la infraestructura.
El sector de la construcción (desde los bancos inversionistas o prestamistas, hasta los proveedores, pasando por los constructores) depende en gran medida de la estabilidad del lugar donde se ejecuta; la ‘confianza en el sector’ no es un elemento subjetivo, sino basado en parámetros visibles, como la inseguridad.
La confianza genera un mercado más o menos estable, que justifica los costos de las obras con impacto en los contribuyentes, en el caso de los públicos. Si el ambiente es inestable, no hay proyectos o son demasiado costosos y, en muchos casos, inviables.
Los dos proyectos públicos más importantes están amenazados: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (no sé en qué momento le quitaron la C de Ciudad) y el Tren México-toluca.
En el primer caso, el candidato presidencial por Morena insiste en, que de ganar la Presidencia, transferirá los contratos del NAIM a Santa Lucía, lo que resulta aberrante desde el punto de vista técnico y legal; se trata de condiciones diferentes que no sólo no pueden ‘transferirse’ sino que son literalmente otro proyecto; no sólo se encarecerían las obras, también generaría un proyecto inviable y costoso.
En el segundo caso, las autoridades aseguran que la obra concluirá este año; en constraste, nos damos cuenta de que falta mucho para que eso ocurra. De hecho, hay algunos contratistas que están atorados en que se les reconozcan las reprogramaciones necesarias.
De ahí en adelante, hay múltiples casos en los que la incertidumbre generada por la falta de decisión, la ausencia de directrices claras, la imperiosa necesidad de decir mentiras en aras de mantener posiciones o ganar votos, hace que los políticos presentes, y los futuros, desconozcan los más mínimos aspectos legales, técnicos y hasta lógicos de nuestra infraestructura.
Ya es tiempo de que los ingenieros y abogados, a través de nuestras respectivas trincheras, y sin intereses de tipo político, pongamos un alto a esta situación.
Es momento de que con la fuerza necesaria, las cámaras, asociaciones y organizaciones técnicas y profesionales digamos con voz fuerte y clara a los presentes y futuros, que las decisiones del país no pueden estar sujetas a sus caprichos.
Debemos decirles que hacer proyectos sin haberlos planeado correctamente, ejecutar obras sin derechos de vía o terrenos liberados, no reconocer lo que le corresponde a los contratistas por derecho, amedrentar a los contratistas de que si demandan los van a poner en la lista negra, y otras tiranías, son actos ilegales e inaceptables.
Hacer proyectos sin haberlos planeado correctamente, ejecutar obras sin derechos de vía o terrenos liberados... son actos ilegales e inaceptables”