Vivienda social en pausa
El recorte de subsidios a la vivienda social es un balde de agua fría para constructores y desarrolladores, que hoy consideran un riesgo invertir en este segmento.
Los desarrolladores prevén riesgos en este segmento tras el recorte de subsidios.
La noticia de la disminución del presupuesto para subsidios a la vivienda de interés social les cayó como balde de agua fría a los constructores que, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), cuentan con un inventario de alrededor de 100,000 unidades, cuya colocación hoy es incierta.
En 2019, el gobierno destinará a subvenciones 1,717 millones de pesos mediante el Programa de Vivienda Social, una cuarta parte del monto ejercido en 2018, de 6,829 mdp, a través del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitaciona- les, aunque hay otras partidas complementarias para el programa de reconstrucción o el Programa de Mejoramiento Urbano.
Esta decisión afecta a 40% de los mexicanos que ganan menos de dos salarios mínimos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que recibían este apoyo, considera Carlos Medina, presidente de la Canadevi.
Las cifras también generan incertidumbre entre los desarrolladores, que se plantean seguir invirtiendo en ese rubro. “Algunas constructoras, a finales de noviembre y principios de diciembre, comenzaron a reordenar sus inventarios para tratar de ser menos dependientes de los subsidios, considerando incluso si continuar o no en ese mercado, hacer algo mixto, o moverse al siguiente piso de la pirámide”, asegura Alejandro Ruiz, socio líder de la Industria de la Construcción de KPMG.
El segmento de vivienda media y residencial ha tenido un importante incremento en los últimos años, por lo que ahí podrían concentrarse las inversiones.
Según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi), el sector residencial es el más sólido y se prevé un crecimiento de 7% en 2019. “Aunque en el segmento residencial hay un panorama
positivo y optimista, el gran reto está en la vivienda social. Confiamos en que el gobierno va a presentar un esquema para poder llevar vivienda a los que ganan menos, no podemos ver un escenario en donde esto no suceda”, afirma Medina.
Más recursos, pero insuficientes
En enero, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció una partida de 400 mdp en subsidios a créditos hipotecarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que se distribuirán entre los trabajadores con ingresos de hasta 6,860 pesos mensuales.
Para Medina, el anuncio demuestra que el gobierno ha entendido la importancia y la necesidad de contar con más presupuesto en este rubro, pero aclara que no es suficiente. La propuesta de la cámara fue de 12,000 mdp, número que no veían irreal o imposible, ya que en 2014 el apoyo alcanzó 14,500 mdp. “12,000 mdp no lo veíamos como algo difícil para un gobierno de tinte social, pensamos que podíamos alcanzar 185,000 a 200,000 unidades que se pudieran entregar a los beneficiarios y que hoy, ya vamos prácticamente por el 50%”, explica.
Ante estos cambios, instituciones como el Infonavit deberán replantearse sus programas de financiamiento para no depender del subsidio, pero también existen cuestionamientos sobre su papel como entidad hipotecaria. En el artículo ‘ Infonavit, deseable revisar su papel en el mercado hipotecario’, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer, apunta que el Infonavit adoptó una política de competir con los bancos, y dejó de ser una institución con foco en atender al mercado de menores ingresos.
Reglas claras
Los especialistas señalan que el mayor problema es la falta de claridad. Para Alejandro Ruiz, es urgente contar con un plan de desarrollo de viviendas. “Los desarrolladores están con las manos quietas esperando las reglas de operación porque las inversiones que hay detrás de estos desarrollos son altísimas y si no pueden desplazar sus inventarios, podríamos estar a un paso de una situación crítica”.
Medina coincide al señalar que si el “tren de la vivienda” se detiene, se frenan 37 de las 42 actividades económicas, afectando a empresas de todos los tamaños y poniendo en riesgo a los trabajadores de la industria.