Roberto Hernández
La gran infraestructura mexicana se halla en un entramado, sin una política común clara.
Si bien todos los inicios de sexenio tienen tintes de incertidumbre en lo que respecta al desarrollo de infraestructura, este comienzo tiene casos particulares que se distinguen de todos los anteriores en tiempos recientes.
El primero, por todos conocido, es la cancelación del NAICM (o NAIM). Bajo el cobijo de una consulta popular muy criticada, este proyecto no verá su fin como consecuencia de una decisión presidencial, que nunca se ha entendido claramente. Todos pensamos que debe existir algo que nunca se ha dicho y, probablemente, jamás se dirá sobre la razón real de cancelar un proyecto de esta naturaleza, que, a decir de muchos, traería múltiples beneficios al país.
En lo personal, me hubiera gustado que alguien de la administración hubiera aportado elementos claros y contundentes que justificaran, técnica, legal o financieramente, la cancelación. Por lo que, para mí, sigue siendo una decisión que no tuvo razón objetiva de ser, salvo la de romper, conceptual y materialmente, con cualquier pasado.
El Tren Maya. Con claridad es el proyecto preferido del presidente, y no hay que desgarrarnos las vestiduras, pues cada Ejecutivo federal llega con sus proyectos predilectos, por los que está dispuesto a hacer lo necesario porque es parte de su legado. Pero, según información del Servicio Geológico Mexicano, en una reunión en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en diciembre, hay muchos estudios pendientes, por lo tanto, no se ha analizado claramente su viabilidad, amén de que muchos alegan su falta de viabilidad fi nanciera. Y, sobre todo, que puede ser de alto impacto en el medioambiente en una región que está siendo atacada por muchos factores, entre ellos, el sargazo en las costas de Cancún, Tulum y alrededores, lo que, eventualmente, se convertirá en detonante de un desastre ecológico, señala un reporte sobre el particular a finales del año pasado.
En contraste, si bien parecía que el presidente apoyaba el tren México-toluca, los recursos destinados a este proyecto, para este año, son tan escasos que no se puede pensar en un avance claro en una obra, ya de por sí complicada por la falta de liberación de derechos de vía y permisos. Situación preocupante dados los recursos y la importancia de la obra.
En lo que toca a la refinería de Dos Bocas, su comienzo es polémico: la reforma a la Ley de Obras Públicas de Tabasco, que eliminó el principio de licitaciones públicas para que se permitan adjudicaciones directas en proyectos estratégicos que beneficien al Estado, con lo que, en la práctica, se transformará el principio constitucional de que todas las obras, salvo excepción, deben ser realizadas por medio de licitaciones.
La gran infraestructura mexicana está en un entramado complejo. Demos el beneficio de la duda de que se irá definiendo un rumbo más claro. Tenemos que ver a dónde nos lleva esta marea de decisiones que no parecen tener, hasta ahora, un elemento común para definirse como política de infraestructura.
Tenemos que ver a dónde nos lleva esta marea de decisiones que no parecen tener un elemento común para definirse como política de infraestructura”.