Antonio Toca
La falta de coordinación urbana ha propiciado la privatización de la gestión urbana
Uno de los retos más difíciles que deberá enfrentarse en nuestro país –además del ambiental– es la coordinación del desarrollo territorial y urbano. Si se analiza la situación actual, es evidente que la planeación no es el problema porque ha sido notable su avance en muchos estados y municipios; lo que aún es ineficiente es su aplicación, lo que propicia un desarrollo urbano sin coordinación.
El problema es más grave si se trata de las 74 Zonas Metropolitanas en las que vive 75% de la población. La ciudad original y varios municipios participan en el Plan de Desarrollo Metropolitano y deben coordinarse para realizar proyectos y obras. Su marco legal –a nivel nacional– es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano –en sus artículos 12 al 46– que determinan las atribuciones, los órganos, los sistemas de planeación, las estrategias y los mecanismosde coordinación que se deben aplicar por los tres niveles de gobierno.
La planeación y la gestión de los planes de desarrollo metropolitano se realizan con la coordinación del estado y los municipios, pero como los gobiernos suelen ser de distintos partidos políticos y los criterios son también diferentes, la coordinación es compleja y los resultados, poco satisfactorios.
El ejemplo más claro es el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que se aprobó en 1998 y se intentó actualizar en 2012 y 2018 sin que se lograra aprobar. Como se ofrece una visión del ordenamiento territorial que se desea, se considera una visión de largo plazo para orientar las acciones y proyectos propuestos; algunas prioridades son la movilidad, las redes de transporte, las grandes obras hidráulicas y equipamientos y la definición de las áreas protegidas, de desarrollo, consolidación o reciclamiento.
Aunque se cuenta con Programas y Comisiones, se avizora difícil llegar a acuerdos para realizar acciones y obras.
En un estudio de la OCDE se concluye que el sistema político-administrativo de coordinación metropolitana es altamente complejo y no favorece la coordinación; como es el caso de las seis comisiones creadas entre 1994 y 2000, que no actúan bajo una visión metropolitana compartida que permita que las acciones y obras sean coordinadas, realizadas y evaluadas eficientemente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que intervenir ante algunas controversias, específicamente sobre la coordinación entre estados y municipios, declarando que no sólo es una atribución, es también una obligación.
La falta de coordinación en muchas zonas metropolitanas del país ha propiciado la privatización de la gestión urbana; donde el interés público ha quedado subordinado a intereses económicos privados, que han favorecido permisos y licencias para modificar usos del suelo o autorizar construcciones que no cumplen con el plan o los reglamentos vigentes.
La instalación en 2017 del Consejo de Desarrollo Metropolitano en el valle de México, y los de otros estados, son una oportunidad para enfrentar el reto de la coordinación urbana en México.
La falta de coordinación en muchas zonas metropolitanas ha propiciado la privatización de la gestión urbana; el interés público ha quedado subordinado a intereses económicos privados”.