En la lucha contra el feminicidio ANA PÉREZ GARRIDO
Las ONG y grupos de apoyo a las mujeres están luchando para lograr que los que cometen delitos contra las mujeres rindan cuentas.
En 2010, en una pequeña ciudad en el Estado de México, conocido como Edomex, Lima Buendía fue encontrada muerta en su casa que compartía con su pareja.
Buendía, de 28 años, era agredida por su pareja, un policía, y recientemente le había dicho a su madre que tenía intención de informar de su torturador; sus maletas preparadas fueron encontradas junto a su cuerpo. Pero su muerte fue rápidamente catalogada como un suicidio. Su madre Irinea decidió tomar el asunto en sus propias manos, estudió la ley y obtuvo el apoyo de una ONG feminista y de derechos humanos.
En 2015, Irinea logró reabrir el caso acusando femicidio, apelando a nuevas leyes mexicanas sobre la violencia de género, junto con Ana Yeli Pérez Garrido, una defensora del Observatorio Nacional Ciudadano de feminicidio, que durante décadas ha luchado sin descanso para salvar la vida de la mujer mexicana. El presunto asesino se encuentra actualmente en la cárcel.
En México el porcentaje de feminicidios sólo representan el 10% de todas las muertes. Pero las cifras reales son más impactantes: En 2015, 2 mil 352 mujeres fueron asesinadas en México, un promedio de siete mujeres por día. Sin embargo, esa cifra es relativamente baja si se considera que el año pasado hubo 20 mil muertes en el país, la mayoría debido a la guerra entre los cárteles del narcotráfico y el ejército.
“Pero nuestra principal lucha es contra la subestimación y la impunidad de los crímenes contra las mujeres”, explica Pérez Garrido. En México el feminicidio no es sólo un neologismo feo para ser utilizado en el debate político o en los periódicos. Desde 2011, el feminicidio ha sido considerado como un delito específico y ahora es una parte del Código Penal.
“Todo comenzó con los homicidios en Ciudad Juárez. Desde los años noventa, cientos de mujeres jóvenes han sido secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas, con absoluta impunidad para los asesinos.
“Todo comenzó con los homicidios en Ciudad Juárez. Desde los años noventa, cientos de mujeres jóvenes han sido secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas, con absoluta impunidad para los asesinos. Primero fueron las madres quienes exigieron justicia, a continuación, periodistas, abogados, juristas y políticos, principalmente las feministas de las organizaciones”.
Es una batalla que en 2009 llevó a la condena de México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por negligencia en la protección de la vida de las mujeres, apoyando una campaña para introducir la palabra feminicidio en la legislación.
En el contexto mexicano, sólo el 30% de los casos se clasifican como violencia doméstica, la mayoría de los feminicidios son debidos al tráfico y el uso de las mujeres como botín en la guerra del narco. “Definir la infracción fue muy complejo”, dice Pérez Garrido. De acuerdo con el artículo 325 del Código Penal Federal introducido en 2011 (que opera en todos los estados excepto en Ciudad Juárez y Chihuahua) el delito de feminicidio se clasifica como “el asesinato de una mujer por razones de sexo”.
Existen razones cuando al menos una de estas circunstancias subsiste: el cuerpo presenta lesiones difamatorias y degradantes, tales como quemaduras y mutilaciones; hay signos de asalto sexual; la víctima fue segregada; existe una íntima relación con el presunto asesino; el cuerpo es abandonado en la calle; existen precedentes de violencia o acoso en la familia, en el lugar de trabajo o de estudio entre la víctima y el presunto asesino.
Además de clasificar el delito, en 2007, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia estableció la “alerta de género” cuando se repiten violaciones a los derechos humanos de las mujeres. “Una de las primeras solicitudes se refería a Edomex, gobernado por el actual presidente de México, Peña Nieto”, dice Pérez Garrido. “Hemos recogido un montón de datos que demuestran que 922 feminicidios ocurrieron entre 2005 y 2010 en ese estado. En 2010 solicitamos la alerta, que el gobernador rechazó en varias ocasiones, hasta que en 2015 un juicio por primera vez nos dio la razón, condenando a Edomex como responsable del aumento de feminicidios por omisión”.
En la actualidad la alerta de género ha sido declarada en cuatro estados y otros 20 tienen peticiones pendientes. En los periódicos locales todos los días hay noticias y recursos sobre la violencia de género, como en el estado de Michoacán, donde en los primeros seis meses de 2016 hubo 437 feminicidios. En junio, Michoacán declaró alerta de género. En algunos municipios las llamadas “patrullas de la policía de género” se han activado.
“La promulgación de la alerta significa primero dar a conocer la violación de los derechos de la mujer en un área específica,” explica Pérez Garrido. “Pero nos encontramos con una gran cantidad de resistencia por parte de las autoridades. Desde que la alerta se ha activado, el gobierno tiene el deber de asegurar las acciones de prevención, investigación y seguridad, controlados por las asociaciones”.
Pero la pelea más dura es contra la impunidad: “La tasa de impunidad es del 98%, mientras que en el caso del feminicidio es del 99%”. Sólo el 30% de los feminicidios se reconocen en los tribunales. Desde que el delito fue introducido en el código penal 2012-2015 sólo hubo 169 condenas de feminicidio. “El principal problema es la impunidad funcional de los funcionarios públicos. Si funcionan mal nadie los castiga”, dice Pérez Garrido. “No hay una preparación y una tendencia considerable a subestimar los crímenes contra la mujer y castigar a las víctimas. Apoyé al padre de una niña asesinada que se enfrentó durante años contra las autoridades que no investigaban la muerte de su hija: la persona que le ayudó fue un funcionario que escribió una apelación, pero lo hizo en secreto porque no quería antagonizar al sistema”.