#CONFIDENCIAL
Emilio Lozoya,
ex director de Pemex, se ha quejado con sus cercanos por lo que entiende como saña de la administración Peña Nieto por los presuntos sobornos de la empresa brasileña Obedrecht. Les ha dicho que desde el inicio de su gestión, en 2012, encontró expedientes del caso con las administraciones panistas, pero que las autoridades en la materia, en particular la PGR, nunca avanzaron en las pesquisas porque eran tiempos del Pacto por México, cuando el gobierno debía contemporizar con todos los partidos, en particular el PAN.
Delfina Gómez,
candidata de Morena al gobierno del estado de México, está siendo sometida a un “rediseño” en su imagen y propuestas para que el público la imagine más como gobernadora. Lo intentará, según nos aseguran, por dos vías: la presentación de proyectos llamativos y la oferta de un equipo de trabajo lucidor. Por lo pronto en las próximas horas develará su planteamiento para aliviar la crisis de movilidad en la entidad.
Karime Macías,
la esposa del ahora preso Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, no ha sido tocada ni con el pétalo de un citatorio como testigo por parte del procurador general de la República, Raúl Cervantes. Ello es interpretado en muchos sectores como producto de un pacto entre las autoridades y el ahora preso ex mandatario, que hasta ahora ha permitido que todo su círculo familiar quede a resguardo pese a los señalamientos múltiples que existen en su contra.
Alejandra Barrales,
dirigente nacional del PRD, enfrenta un singular dilema: algunos de sus principales adversarios internos son a la vez quienes reclaman su apoyo para convertirlos en candidatos en las elecciones de 2018. Es el caso de Héctor Serrano, el administrador de los albañales políticos en la Ciudad de México, quien quiere ser senador de lista, es decir, de los que entran en automático si quedan colocados en los primeros lugares.
César Duarte,
el ex gobernador de Chihuahua, parece tener cada día mayores razones para sonreír, pues nos dicen que la administración del nuevo mandatario, el panista Javier Corral, se precipitó al consignar sus denuncias ante un juez y ahora el caso se tambalea, a lo que se añade una resistencia pasiva del gobierno federal, que deshoja la margarita sobre si emprenderla o no contra uno de los personajes más cercanos a la alta jerarquía priista.