La nueva carta magna de la CDMX
Elaborar una Constitución Política es un asunto trascendental para cualquier comunidad: ésta le da forma y razón de ser a un Estado, delimita sus territorios y determina cómo funciona su gobierno, entre otras cuestiones
El 5 de febrero de 2017, se promulgó la primera Constitución de la Ciudad de México, misma que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, como establece el régimen transitorio que aprobó la Asamblea Constituyente.
De acuerdo con José María Serna de la Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta Constitución recientemente aprobada es, sin duda, un documento que ha tratado de innovar, pues no es el modelo típico y tradicional de las constituciones de los otros estados de la República; “es una Constitución que ha tratado de ampliar el catálogo de derechos de quienes vivimos en esta ciudad”.
Se trata, continuó, de un catálogo de derechos humanos ambicioso, progresista, ya que retoma muchas de las demandas de las “izquierdas”. Una de ellas, es la legalización de la mariguana para fines médicos, el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la terminación anticipada del embarazo bajo ciertas condiciones, entre otras.
El nuevo precepto contiene diversos derechos que no están contemplados ni en el resto de las constituciones de las otras entidades del país, ni en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, subrayó.
Respecto a la organización del poder, el especialista en derecho constitucional señaló que un punto importante es que las delegaciones dejarán de serlo para convertirse en alcaldías, mismas que tendrán alcaldes designados por elección popular; en torno a ellos habrá un Consejo compuesto por ciudadanos también elegidos mediante un proceso electoral. Dichos consejeros tendrán facultades de consulta, control, equilibrio o contrapeso en relación con el alcalde.
Para Serna de la Garza, una de las cuestiones benéficas de la Constitución, es que es un documento garantista, es decir, que protege los derechos; sin embargo, habría que preguntarse si todos esos derechos se respetarán de manera eficaz.
De no aplicarse las garantías como lo estipula la Constitución, habrá un marcado desencanto por parte de la ciudadanía, pues de nada servirán tantos derechos ahí escritos si no se van a aplicar en la realidad y no tendrán un efecto en la vida cotidiana de las personas, concluyó.