¿QUÉ MEDIDAS DEBEN TOMARSE, ADEMÁS DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES, ANTE EL CASO DEL SOCAVÓN EN EL PASO EXPRÉS?
La semana pasada señalamos que, según datos de Transparencia Internacional, la corrupción le cuesta a nuestro país al menos 347 mil millones de pesos al año según Forbes, sin embargo, hay hechos que hacen incalculable la factura que la corrupción le pasa a la sociedad mexicana, por ejemplo, como aquellos que implican la pérdida de vidas.
Ejemplo de ello es el monumento a la corrupción que significa la administración de Javier Duarte en el estado de Veracruz; la Auditoría Superior de la Federación encontró un desvío de más de mil millones de pesos que pertenecían al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del año 2014, así como más de mil 400 millones de pesos que correspondían al Fondo del Seguro Popular. Este daño al presupuesto de salud derivó en que se administrara agua a niños con cáncer que debían recibir quimioterapia.
A la lista de desfalcos y desvíos ahora hay que sumar la ineficiencia y corrupción vinculada con la construcción de obra e infraestructura pública. Tuvo que ocurrir en una de las “obras estrella” de este sexenio, como lo es el “paso exprés” que conectaría las autopistas Acapulco-Cuernavaca y Cuernavaca-México, para corroborar que las autoridades corruptas, sus acciones sin escrúpulos y negligencia junto con constructores cómplices puede cobrar una factura altísima: vidas inocentes.
Es lamentable que la respuesta del gobierno federal sea totalmente reactiva, parece que sigue apostándole a la estrategia de “patear el bote” para que los ciudadanos olviden tan delicada situación.
El hundimiento de un tramo del Paso Exprés inaugurado hace tres meses en la autopista México-Cuernavaca que cobró 2 vidas, pone en evidencia la mala calidad de una obra que prometía incrementar la seguridad de los usuarios y reducir los tiempos de traslado.
En la obra pública que se ejecuta en nuestro país participan varios actores entre los que se encuentran concesionarios, ingenieros civiles y funcionarios públicos. Al realizar su trabajo no buscan la exactitud ni la excelencia, muestra de ello fue la tragedia que ocurrió en el estado de Morelos.
Como producto de las investigaciones que están en proceso por parte de los órganos internos de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de la Función Pública, habrá de determinarse qué funcionarios actuaron con negligencia desde la construcción del Paso Exprés hasta el rescate de las víctimas mortales.
En el mismo sentido, la Auditoría Superior de la Federación habrá de revisar minuciosamente el empleo de recursos públicos porque el costo total de esta obra rebasó significativamente el presupuesto inicial.
Este hecho nos mueve a reflexionar y a actuar sobre el desprecio que existe de la función pública; de la falta de profesionalización de quien ejecuta y supervisa las obras; y no menos importante, la inconsciencia que persiste sobre el concepto de protección civil y la responsabilidad frente a daños a terceros.
En nuestro país no puede permitirse que ninguna construcción ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO MARCELA GUERRA