LOS EX GOBERNADORES ACUSADOS
Desde el año 2000, una veintena de ex gobernadores han sido acusados por autoridades mexicanas o extranjeras, investigados, procesados o absueltos. Parece ser que la justicia contra los ex gobernadores corruptos también llegó con la democracia. Tenemos que reflexionar que con alternancia podría haber justicia. No venganza electoral, sino justicia.
Aunque la federación está obligada en perseguir los delitos, la justicia en los estados procede de acuerdo a las victorias o a las derrotas electorales, dependiendo si gana o pierde la oposición. Si el partido en el gobierno local retiene la gubernatura no habrá ningún ilícito, “si somos del mismo partido no hay corrupción que perseguir”, debiera ser un dicho de campaña.
Por ello, los gobernadores en funciones hacen todo lo posible para que gane su partido en las campañas: desvío de recursos, uso de programas sociales, compra de votos, movilización de funcionarios, todo para evitar que llegue un candidato opositor y sean investigados.
Tan sólo en las elecciones de 2016 los tres ex gobernadores priistas acusados: Roberto Borge, Javier Duarte y César Duarte fueron imputados por sus sucesores de oposición en campaña. Carlos Joaquín, en Quintana Roo; Miguel Ángel Yunes, en Veracruz; y Javier Corral, en Chihuahua. Aunque hoy parece una promesa de campaña meter a la cárcel al gobernador anterior, hay que reconocer que los mandatarios entrantes han empujado por que sus antecesores enfrenten la justicia. Sin la información que han presentado no habría acusaciones.
El endeudamiento desproporcional en esos tres estados durante los periodos de esos ex gobernadores es notable: en Veracruz, se incrementó la deuda 24 mil 276.1 millones de pesos; en Quinta Roo, 12 mil 405 millones de pesos; y, en Coahuila, 42 mil 453 millones de pesos.