EL ACTO DE CORRUPCIÓN MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE LA CIUDAD
En una maniobra contraria a los protocolos que deben regir la convivencia respetuosa, civilizada y democrática de la Asamblea Legislativa, diputados del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y PVEM, este 7 de noviembre pretendieron aprobar, de manera ilegal, la suma de 100 mil millones de pesos para la construcción de una planta incineradora de basura destinada a venderle electricidad al Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Con tal de cumplir las órdenes que les dio el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, mediante una solicitud de autorización a la Asamblea Legislativa intentaron entregarle una colosal concesión a la trasnacional Veolia.
La bancada de Morena detuvo esta intentona en el órgano parlamentario con la toma de la Tribuna, pues en modo alguno permitiremos que los capitalinos carguen con los costos de este negociazo.
Atrás de la concesión se esconde la mayor maniobra de corrupción en la historia de la Ciudad de México, pues de llevarse a cabo, a lo largo de treinta años los capitalinos pagaríamos 100 mil millones de pesos a la firma multinacional.
En vez de los supuestos beneficios derivados del tratamiento de basura, que los autores del proyecto esgrimen para justificarlo, la planta ocasionaría gravísimos daños a la salud de la ciudadanía, pues, como advierte Greenpeace:
“Sepulta la posibilidad de minimizar las altas cantidades de basura que se generan diariamente, (lo que acentuaría la de por sí enorme) contaminación del aire”.
Sin metáfora alguna, cabe subrayar, se nos obligaría a respirar, además de otros desechos orgánicos e inorgánicos, residuos de plástico que, como han reiterado expertos en el tema, provocan cáncer. Desde luego, también se afectaría la salud de los habitantes de entidades vecinas. Y de forma muy significativa, de los mexiquenses.
La administración capitalina también se compromete a entregar los residuos de forma indiscriminada, sin importar si se trata de residuos orgánicos o inorgánicos, lo que impediría reciclar la basura con las consiguientes pérdidas económicas y afectaciones al medio ambiente.
Es decir, que la trasnacional tendría a su cargo el proceso de disposición final de los residuos rechazados, así como de las cenizas y escorias de la planta, lo que implica beneficios económicos adicionales porque para nadie es un secreto que la basura es, en sí misma, un negocio que deja enormes dividendos.
Destaca, en esta operación leonina, el lamentable papel asignado a la Agencia de Gestión Urbana, un órgano desconcentrado de la administración pública local constituido para diseñar y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de servicios públicos urbanos y funcionalidad de la vía pública. Funciones que fueron por completo tergiversadas para convertirla en una simple intermediaria, al estilo de las empresas offshore creadas ex
profeso para hacer negocios en paraísos fiscales.
La marcada opacidad, falta de transparencia y de información sobre esta operación impiden conocer los verdaderos montos de recursos públicos que se destinarán a la planta. Se desconocen datos duros sobre la solicitud de autorización y los anexos correspondientes, es decir, de la letra chiquita, mediante la cual suelen colarse sobreprecios, permisos adicionales y trampas similares.
Lo que sí conocemos es que además de financiarle a Veolia la construcción de la planta con dinero del erario, los platos rotos de este agravio los pagaría de manera directa el Metro, pues se le impondría el pago de un sobrecosto por la energía.
De acuerdo con los datos disponibles, la construcción de la planta costaría 12 mil millones de pesos, cuando, según renombrados especialistas en el tema, su precio real es de 9 mil millones. Es decir, que sobrarían 3 mil millones de pesos, los cuales irían a dar al cochinote de Miguel Ángel Mancera para financiar su anhelada campaña presidencial.
También se hace caso omiso de la evolución tecnológica, una omisión aventurada porque es muy probable que en tres décadas la electricidad sea desplazada por otra fuente de energía. Si así fuera, la capital quedaría encadenada al monopolio de una empresa primitiva y en desuso.
Luego entonces, se trata de una maquinación corrupta e inadmisible, mediante la cual se privatiza la basura y monopoliza la energía eléctrica para el funcionamiento del Metro y para que, a la larga, la firma Veolia, como anticipa el propio gobierno capitalino, se convierta en la principal productora de electricidad en la entidad.
De tal manera, Miguel Ángel Mancera pretende heredarle a la ciudad un Fobaproa de la basura, mientras permanece indiferente ante las necesidades de sus gobernados, como lo demuestra su propuesta de Ley del programa
para la reconstrucción... la cual no contempla la participación ciudadana.
Ante la tragedia provocada por el sismo del pasado 19 de septiembre, Mancera calla ante un argumento irrebatible: que con los 100 mil millones de pesos que su administración ambiciona canalizar a este meganegocio, podrían construirse 100 mil viviendas, por cierto, a pagar en treinta años, que tal es el plazo aproximado en el cual suelen liquidarse las habitaciones de interés social.