PGR, UN ARMA POLÍTICA
La guerra sucia en México data de 1958, cuando Demetrio Vallejo se levantó contra el Estado desde su movimiento ferrocarrilero. Desde entonces, el gobierno federal priista no ha cesado de perseguir, hostigar, acosar, acusar, detener, encarcelar y hasta desaparecer a sus enemigos políticos, a la oposición.
Sin embargo, la alternancia en el poder y el regreso del tricolor a Los Pinos supondría un cambio en el patrón sistemático de persecución política contra la oposición, pero la sorpresa es que bajo el velo de la presunta legalidad, el gobierno federal insiste en proceder de manera arbitraria para lo cual utiliza a la institución cuya única responsabilidad es encargarse de procurar justicia, no de involucrarse en temas político-electorales.
En el proceso electoral del año pasado ocurrió con la panista Josefina Vázquez Mota, ex candidata al gobierno del Estado de México, cuya familia fue presuntamente señalada de lavar dinero. La PGR confirmó que no había ninguna investigación, pero el daño ya estaba hecho.
Lo preocupante del asunto es que el arma de difusión que utiliza el gobierno, vía filtraciones desde la PGR, es la misma que hoy utiliza para atacar a Ricardo Anaya.
Pero este caso, el de la embestida ilegal y arbitraria contra el candidato de la coalición Por México al Frente es emblemática y, con toda seguridad, pasará a la historia del país como uno de los episodios más negros de guerra sucia de este gobierno priista, que verá su fin el 1 de julio, según todas las encuestas, nacionales e internacionales.
Bloomberg confirma que Ricardo Anaya es el único contendiente que registra un ascenso constante y firme, a diferencia del hundimiento insalvable de Meade, el aspirante del tricolor.
Es por esta razón que el PRIGobierno se ha enfrascado en una estrategia judicial para afectarlo y tratar de colarse en un lejanísimo segundo lugar.
Aquí lo que está en juego no es el futuro del PRI, pues ese ya nadie lo rescata ni lo revive. Aquí lo que está en juego es el futuro de la PGR, pues su actuar ilegal afecta de manera gravísima los cimientos de lo que será la nueva Fiscalía General de la República, un aparato de procuración de justicia que no dependería del gobierno federal en turno, sino que gozaría de total autonomía.
Ahora mismo, la facciosa PGR, cuyo encargado de despacho es Alberto Elías Beltrán, viola todos los principios del debido proceso en una estrategia que busca, en el fondo, favorecer al PRI en el actual proceso electoral.
Para abogados, constitucionalistas y expertos en Derecho, nunca antes la PGR había actuado de manera tan turbia, tan irregular, tan ilegal.