EL PRESIDENTE DE PERÚ DEJA EL CARGO TRAS ESCÁNDALOS
Pese a llevar sólo 20 meses en el máximo cargo público del país, Pedro Pablo Kuczynski renunció después de las diversas acusaciones de corrupción en su contra.
“Frente a la difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República”.
Con esas palabras, en un mensaje a la nación de siete minutos, Pedro Pablo Kuczynski renunció ayer a la presidencia del Perú poniendo fin a un corto mandato que no llegó a los 20 meses, tiempo de enorme inestabilidad política que contrastó con las expectativas despertadas en julio de 2016, cuando él mismo anunciaba el inicio del “gobierno de un equipo de lujo”.
¿Qué pasó para que tuviera que irse por la puerta falsa este respetado tecnócrata de 79 años? Brillante estudiante de economía, filosofía y política en la Universidad de Oxford, exitoso inversionista financiero para firmas internacionales y analista del Banco Mundial, Kuczynski tenía también experiencia de gobierno como ministro de economía y primer ministro de Alejandro Toledo (20012006). Con esas credenciales derrotó por apenas 40 mil votos a Keiko Fujimori para llegar a la presidencia y, desde un inicio, es cierto, tuvo una oposición mayoritaria en el Congreso que le censuró a un gabinete ministerial.
El inicio del conflicto
Sus principales problemas llegaron con el huracán Lava Jato, escándalo de corrupción internacional que ha arrasado con la escasa credibilidad de los políticos peruanos. Sea por las investigaciones de los fiscales, de la prensa o las confesiones de los propios ejecutivos de la constructora Odebrecht desde Brasil, se ha sabido que en el Perú financiaron pagos de campañas electorales y sobornaron directamente a autoridades de todo nivel a cambio de licitaciones infladas que le han costado millones de dólares al Estado peruano. Por eso, el ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) está en prisión preventiva desde julio de 2017, su antecesor Alan García (2006-2011) está siendo investigado, y Alejandro Toledo (2001-2006) está prófugo en Estados Unidos, con orden de extradición por haber recibido sobornos de, al menos, 20 millones de dólares durante su gobierno.
Kuczynski tampoco se salvó del escándalo. A pesar de haberlo negado en todos
los tonos, en noviembre del año pasado aparecieron en la prensa las primeras evidencias de que sí había tenido vínculos con Odebrecht desde sus tiempos de ministro de Toledo, a través de “asesorías” pagadas a sus empresas Westfield Capital y First Capital por casi 5 millones de dólares. De inmediato, el Congreso opositor llamó a la vacancia presidencial, proceso previsto en la Constitución por el que se puede desalojar de Palacio al gobernante por “incapacidad moral” si se tiene el voto de 87 congresistas (de un total de 130).
Pero el despertar del antifujimorismo y nuevas evidencias de los vínculos de Kuczynski con Odebrecht no cerraron este capítulo. Pasada la visita del Papa y las vacaciones de verano, el Congreso llamó nuevamente a vacancia para este 22 de marzo. Ayer martes 20, la bancada de Fuerza Popular reveló videos en los que se aprecia a Kenji Fujimori –el nuevo aliado de Kuczynski– ofreciendo prebendas a congresistas de oposición para comprar sus votos contra la vacancia en coordinación con miembros del Ejecutivo. El escándalo era ya definitivo. Antes de pasar un segundo proceso de vacancia en el que iba a tener, seguramente, más de 100 votos en contra (ya se había caído la compra de conciencias), Kuczynski decidió renunciar. Ahora, como manda la Constitución, lo sucederá el vicepresidente Martín Vizcarra, para completar su mandato hasta el 2021. Y el “presidente de lujo” tendrá que responder ante la justicia.