¿QUÉ OTRAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEBEN APLICARSE EN EL CONGRESO O GOBIERNO PARA QUE SE PUEDAN CUMPLIR LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN?
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Las medidas de austeridad adoptadas por el Congreso son muy importantes porque permiten hacer ahorros, pero también porque en el pasado se construyó un sistema injusto en el que los legisladores y los puestos más altos en las cámaras disfrutaban de excesos en sus ingresos y en algunas prestaciones. De hecho, es relevante que en el Senado el acuerdo de austeridad haya sido aprobado por unanimidad. Todos estuvimos a favor de reducir el 30% del presupuesto para este año y en 2019 propondremos un gasto que también sea moderado. Eliminaremos privilegios en los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero garantizaremos que las instituciones funcionen correctamente. El próximo gobierno que presidirá Andrés Manuel López Obrador pondrá en marcha un amplio programa de austeridad y la mayoría en el Congreso lo apoyará. Se trata de que las secretarías y todas las dependencias trabajen bien, con los menores gastos administrativos. Hay muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, en los últimos años aumentaron de manera muy importante las estructuras administrativas. Hay secretarías en donde operan con 7 subsecretarías, se incrementaron también las jefaturas de unidad o las direcciones generales adjuntas. Todo ello implica un enorme gasto en oficinas, automóviles, teléfonos celulares, altos sueldos, gastos médicos, seguros de separación individualizado, etcétera. Lo mismo sucede con un sinnúmero de programas gubernamentales. Existen áreas que duplican el trabajo, que hacen lo mismo para atender un solo problema. Por eso, es conveniente revisar las estructuras administrativas para reducir los gastos, evitar los dispendios, al igual que es posible reorientar el presupuesto hacia programas que sean útiles para atender las necesidades de las personas y sirvan para impulsar el desarrollo del país.
En México persiste una desigualdad social que debe atenderse de la manera más efectiva posible si queremos que la próxima generación pueda disfrutar de un país de bienestar y oportunidades. Al mismo tiempo, hay necesidades de gasto que son fundamentales y que ningún gobierno puede obviar, desde la provisión de servicios de salud y educación, las inversiones en infraestructura y equipamiento para la seguridad, hasta el gasto para la emisión de documentos que nos dan identidad y protegen nuestros derechos. Por eso, los gobiernos deben utilizar los presupuestos de la manera más eficiente y sostenible posible. Solo así se podrán ejercer más programas sociales que contribuyan a que una niña con discapacidad nacida en Chiapas tenga las mismas oportunidades que un niño nacido en Coahuila. Al mismo tiempo, un gasto eficiente exige austeridad. La cual debe entenderse como que no haya abusos ni excesos, que haya transparencia en el gasto, y que se eliminen los programas y estructuras que estén duplicados o que ya no cumplan adecuadamente sus funciones. Se trata de dos temas distintos: uno es la austeridad y otro es el gasto eficiente, pero los dos deben estar siempre presentes en las prioridades de planeación y ejecución del presupuesto de un gobierno. Estoy a favor de suspender fueros y privilegios, de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, de evitar los excesos, de suprimir estructuras y programas duplicados, de la observación y vigilancia ciudadana y de licitar los contratos de obra pública. A favor, sobre todo, de evitar abusos y privilegios que no benefician a la sociedad mexicana. También estoy convencida de la necesidad de atender mejor las necesidades de los mexicanos a través de un presupuesto responsable, respaldado por finanzas públicas sanas que permitan fondear el ejercicio de gobierno, incluyendo los programas sociales y la infraestructura necesarios para permitir el acceso universal a nuestros derechos.
La política de austeridad que se propone, tiene como objetivo reducir de manera sostenida el costo de la administración pública, en beneficio de la sociedad; garantizando que los recursos generados por las economías en el gasto corriente se destinen principalmente a la inversión física o erogaciones vinculadas a las tareas sustantivas previamente identificadas. Dentro de las obligaciones que tenemos todos los mexicanos, según la Constitución Política, Artículo 31, fracción IV, es la concerniente a que debemos contribuir para los gastos públicos de la federación, estados, Ciudad de México y municipios, de manera proporcional y equitativa. En este marco de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, todos los impuestos que pagamos deben destinarse al gasto público, esto es, los servicios de la administración pública, para que nos proporcionen seguridad, salud, educación y bienestar, logrando la correcta funcionalidad administrativa. De esta manera, tenemos el compromiso de elaborar una estrategia incluyente, integral, organizada en tiempo, flexible y medible, como eje rector de las prioridades de la política de gasto público. Es una tarea importante para los Senadores del GP del PRD que, el nivel económico de las personas y de las familias mejore, que los servicios que proporcione el Estado sea de manera eficiente, eficaz y puedan acceder a todas las personas. Es por consiguiente que en el Senado de la República se firmó el Plan de Austeridad, cuyo fin será que los recursos se ejerzan de forma transparente, con mecanismos de rendición de cuentas claras, como estrategia para el combate frontal a la corrupción.
Las medidas de austeridad implementadas recientemente en el Congreso de la Unión - y las que probablemente se implementarán en todo el gobierno federal a partir del 1° de diciembre responden, primero, a un reclamo legítimo de la sociedad que exige la disminución de privilegios en el ejercicio de la función pública, y segundo, a la necesidad de reunir, de acuerdo con el gobierno entrante, los recursos necesarios para cumplir con las propuestas realizadas durante la campaña. Todas las fuerzas políticas, al menos en el Senado, hemos apoyado las medidas de austeridad porque es lo correcto. Sin embargo, debemos decirlo con claridad: la austeridad es condición imprescindible para mejorar la calidad de vida de las personas en México, pero de ninguna manera es suficiente. Se requiere además de transparencia, más innovación y mayor
rendición de cuentas. La austeridad es un buen primer paso. Tendremos que estar vigilantes a que todos los recursos se ejerzan con transparencia, y que se destinen a construir un país más digno y a una administración más eficiente y eficaz, orientada a resolver los problemas estructurales de México. El reclamo de austeridad tiene como fondo una exigencia mucho más amplia y profunda –reflejo también de la evolución de la democracia en México– que es la transformación de la relación del Estado con las personas. La sociedad nos exige parlamentos, órganos de justicia y gobiernos abiertos, en donde existan espacios para la participación, la colaboración y la co-creación de soluciones. El mayor reto es lograr pasar de un discurso centrado en la demonización de los servidores(as) públicos(as) a una forma distinta de entender la función pública en la cotidianidad.
La austeridad sería innecesaria de no ser por el abuso del poder que políticos y funcionarios públicos han cometido con irresponsabilidad de sus cargos. Más que enorgullecerme tener que aceptar un plan de austeridad me apena que este “castigo” laboral sea por quienes sí se han dedicado a robar tiempo y dinero a la ciudadanía. Pero una vez logrado el consenso, ¿funciona como medida para frenar los abusos? Funciona en tanto la gente tenga ética. Pero de lo contrario lo que está sucediendo es una regresión a los derechos laborales adquiridos que incluso en el mismo Senado está afectando a los trabajadores de base que no son “ricos” (nadie de hecho podría hacerse rico trabajando en la administración pública con o sin austeridad), que ganan muy poco y que están pagando los “platos rotos” que no rompieron. Para que el servicio profesional de carrera sea efectivo con apego a la ley y entregue resultados, hay que admitir con todas sus letras: el populismo laboral no ha demostrado ser el antídoto de la corrupción o la negligencia. Ya lo escribe el prestigioso abogado Santiago Corcuera: “Sin duda alguna, es de aplaudirse que se pretenda acabar con los abusos de tantos funcionarios que medran con el presupuesto, pero algo muy distinto es confundir los derechos humanos laborales que han logrado cierto nivel de realización, con privilegios indebidos. La desigualdad se agudiza al tratar igual a los desiguales. No por querer segar a la hierba mala, se justifica llevarse entre las patas al trigo y al maíz”. Ahora las preguntas pendientes no estriban en dudar de la austeridad que al menos en el Senado ya votamos, sino precisamente cómo no hacer que el “pueblo” que también trabaja en los gobiernos se vea afectado negativamente, pero una pregunta todavía más en deuda: ¿a dónde se van a ir esos supuestos ahorros? La realidad como es. Y la realidad hoy es que necesitamos darle dignidad al trabajo público. Esa que sí conocen hoy quienes tienen que pagar facturas que no son suyas.
El pasado 4 de septiembre, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, es decir, por todos los partidos que integran esta Cámara, en el que se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal para este órgano de representación, mismo que plantea eliminar diversos gastos considerados “superfluos” o “innecesarios” que estaban distribuidos tanto en los sueldos de Senadoras y Senadores, como en los mandos medios y superiores, además de otros niveles dentro de la estructura administrativa, conformada por quienes hacen posible la operación básica del Senado. La política de austeridad propuesta es, en efecto, una acción necesaria y urgente para garantizar la reducción de gastos excesivos en los que algunas Senadoras y Senadores incurrían en anteriores legislaturas; fueron dadas a conocer facturas de agencias de viajes que iban desde ochenta y seis mil pesos, hasta ciento ochenta mil pesos por concepto de vuelos y viáticos, comprobantes simples de vuelos por más de cincuenta mil pesos, tratamientos médicos ajenos al seguro con el que contaban los senadores, alimentos, entre otros gastos de índole personal, mismos que se traducen, por supuesto, en dinero de los mexicanos. En el PAN estamos completamente a favor del uso responsable y eficiente de los recursos, hemos sido impulsores de algunas de las propuestas que hoy son una realidad. Las y los Senadores de Acción Nacional, votamos a favor del acuerdo convencidos de que esta medida es un inicio correcto para terminar con estos excesos y así contribuir en la construcción de leyes que nos permitan eliminar la corrupción, sin embargo, estaremos vigilantes como oposición responsable a efecto de que este ejercicio no se trate de una maniobra del próximo gobierno tendiente a debilitar el funcionamiento del Congreso y el Poder Judicial, ambos necesarios para la existencia de contrapesos en una Nación democrática como la nuestra.