2019, LOS RETOS QUE CUMPLIRÁ O LO SEPULTARÁN
En vísperas de Año Nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que este año su principal reto será cumplir todos los compromisos que hizo a los más de 30 millones de mexicanos que votaron por él, a los otros 30 millones que apoyaron a otros candidatos y a los restantes 50 millones que conformamos la República Mexicana. Una de las demandas más urgentes de los ciudadanos es acabar con la corrupción que en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto exhibió la ambición desmedida de un partido político y sus dirigentes. Otro flagelo que padecemos los mexicanos, y que cada vez se torna más crítico, es la inseguridad endémica que recorre todos los rincones del país y que se desbordó en los últimos seis años, sexenio en el que el país “se acostumbró” a la violencia y la corrupción. Paradójicamente, estos que podrían significar los dos principales retos de la administración del tabasqueño carecen de un plan para su combate, para su posible erradicación. Y es que el Presidente no ha identificado o anunciado estrategias o acciones claras, nuevas y contundentes para enfrentar la inseguridad y la corrupción. Su plan de seguridad parece ser más de lo mismo, con una Guardia Nacional que asumirá, y ampliará, las funciones que venía ejecutando la Gendarmería. Y en el tema de corrupción, AMLO se limita a ofrecer poco más que la promesa que él ni es ni será corrupto. Lo que no se ha dado cuenta es que en ambos temas, las estrategias dependerán, en gran medida, de fortalecer las instituciones y el estado de derecho, no de debilitarlas como se ha empeñado a hacer en el primer mes de su gobierno. Si bien estos dos son los grandes retos que enfrenta AMLO, existen una serie de compromisos que deberá cumplir a los mexicanos lo más pronto posible, bajo el riesgo de cobrarle el capital político que aglutinó el 1 de julio pasado. Bajar salarios de la alta burocracia. Como parte de la “austeridad republicana”, El presidente “se bajó” el sueldo a 108 mil pesos mensuales y nadie podrá ganar más que él. Sin embargo, para lograrlo se reformó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuya aplicación suspendió la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante impugnaciones de Morena y la propia Presidencia. Al 26 de diciembre, más de 15 mil 600 funcionarios (entre ellos jueces y magistrados) estaban amparados contra dicha modificación.