ALEJANDRA LAGUNES
SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL PVEM
La transparencia y publicidad de los bienes de funcionarios y funcionarias de alto nivel no sólo es indispensable, además es un requisito legal establecido
en la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas. Las provisiones establecidas en esta ley aprobada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto surgieron como una respuesta a los reclamos de la sociedad para enfrentar la corrupción, y son parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La publicidad de los bienes de los funcionarios públicos es importante porque permite observar la evolución patrimonial de quienes trabajamos en el sector público. Para la publicación y publicidad de esta información es necesario, de acuerdo con la misma ley, que se habilite la Plataforma Digital Nacional (PDN) de la Secretaría Ejecutiva del SNA, plazo que vencerá el
próximo 30 de abril. La importancia de esta plataforma no es menor: de su diseño e implementación dependen la estandarización de datos e interoperabilidad con sistemas de diversos órdenes de gobierno, la posibilidad de descargar datos abiertos para promover el uso y reutilización de la información, el uso de código abierto, y la incorporación de tecnologías como el aprendizaje automatizado, además, de procesar y proteger la información y datos personales de miles de servidores públicos en nuestro país. Los y las funcionarias públicas estamos obligados a publicar y publicitar nuestra información patrimonial y de intereses. Debemos hacerlo también con la clara convicción de que con ello, se contribuye a fortalecer una cultura de rendición de cuentas, y se abona a la construcción de un SNA que pueda, efectivamente, prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción.