VANESSA RUBIO

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL PRI

El llamado huachicoleo es un fenómeno delictivo que implica fundamentalmente que se perforen de manera ilegal los ductos de Pemex y se extraiga combustible para venderse en el mercado negro, o bien, que las estaciones de gasolina lleven una doble contabilidad y vendan gasolina tanto de manera legal como ilegal. Esta forma de robo de combustible ha venido creciendo con la participación cada vez más amplia del crimen organizado. Su solución no es fácil y no se ejecuta en unos días. Requiere de una estrategia bien pensada y planeada. De lo contrario, lejos de resolver la situación, se corre el riesgo de empeorarla y que resulte más dañino el remedio que la enfermedad. En años anteriores, se tomaron diversas acciones para combatir el huachicoleo por medio de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. De enero de 2016 a noviembre de 2018, esta estrategia tuvo como resultados 28 mil denuncias, 5 mil detenciones, 3 mil personas procesadas por algún delito y 400 personas en prisión preventiva. En contraste, la estrategia actual se está centrando en cerrar los ductos de distribución de gasolinas. Esta acción por sí sola no evitará que se reanude el

huachicoleo una vez que se vuelvan a abrir los ductos, y además causa un gran daño colateral a la ciudadanía en general. Puede parecer una broma, pero se ha comparado el cierre de ductos con querer acabar con los asaltos a los bancos cerrando los bancos. El desabasto de gasolina ya ha generado altos costos: los empresarios gasolineros reportan pérdidas por más de 10 mil millones de pesos. Las empresas afiliadas a Coparmex dan cuenta de pérdidas por mil 250 millones de pesos en los estados del Bajío, y tan sólo en el sector turístico de Guanajuato se cuentan costos por 55 millones de pesos por la baja en la ocupación hotelera. La Central de Abasto de la Ciudad de México informa de una caída en ventas de alrededor de 250 millones de pesos diarios.