VANESSA RUBIO

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL PRI

Los programas sociales no tienen por qué entregarse a todos los ciudadanos.

Se trata de recursos que aportamos todos con los impuestos que pagamos y deben estar dirigidos exclusivamente a quienes lo necesitan. Además, cada programa debe estar diseñado de manera tal que los receptores no dependan por siempre de ellos, si no que tengan esquemas de capacitación, asesoría, educación y financiamiento, que les permitan a las personas eventualmente valerse por sí mismas sin la necesidad de apoyos. El fin de cada apoyo debe ser asegurar el pleno ejercicio de los derechos sociales (salud, alimentación, educación, manutención en la adultez mayor, vivienda, servicios básicos a la vivienda, entre otros). La entrega de apoyos debe estar basada en información que sea clara,

transparente y auditable. Para ello, la información y análisis que brindan organismos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) o el Banco de México (Banxico), e incluso instituciones internacionales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resultan referentes objetivos esenciales para el diseño de programas, la definición y afinación de padrones y para la rendición de cuentas sobre los resultados de los apoyos. Mientras más claras, transparentes y accesibles sean las reglas con las que se elaboran los padrones de beneficiarios bajo los cuales se entregan los programas sociales, más certeza tendremos todos los ciudadanos sobre el destino de los recursos públicos.