CIVILES, AL FRENTE DE LA NUEVA GUARDIA NACIONAL
El dictamen logró una votación unánime en el pleno de la cámara alta y la celebración de todos los grupos parlamentarios
En una sesión histórica, en la que todas las bancadas votaron a favor del proyecto, el Senado de la República aprobó la Guardia Nacional con un mando civil. Ahora el dictamen deberá regresar a la Cámara de Diputados y, posteriormente, ser avalado en al menos 17 congresos locales de los estados de la República Mexicana.
Por unanimidad (127 votos a favor) el pleno de la Cámara de Senadores aprobó –en lo general y lo particular– las reformas constitucionales para dar paso a la creación de la Guardia Nacional.
Esto, luego de que los coordinadores de las diferentes bancadas alcanzaron un acuerdo para modificar diferentes artículos del dictamen que envió originalmente la Cámara de Diputados el pasado mes de enero, donde uno de los temas más destacados fue la definición del mando civil de los uniformados.
De acuerdo con el dictamen, se establece que la corporación tendrá como objetivo la seguridad pública para salvaguardar a las personas y su patrimonio, así como la de preservar el orden público, por lo que sus elementos no podrán ser juzgados en cortes militares.
En todos los escaños se colocaron letreros que contenían el mensaje de #SíSePudo y #LoLogramos, con lo que la votación se libró sin que algún diputado presentara reservas en contra del dictamen.
Las modificaciones centrales
En el acuerdo signado por las diferentes bancadas se definieron ocho modificaciones principales. La primera, el establecimiento del mando civil con el que se deja al nuevo cuerpo policial adscrito a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana y bajo un régimen de doctrina policial.
Además, entre los requisitos de los mandos de dirección estará el de no formar parte de las Fuerzas Armadas y que todos los elementos que se inscriban a la Guardia sean civiles.
Asimismo se establece que, en un plazo de cinco años, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas para seguridad pública, pero deberá hacerlo bajo parámetros de convencionalidad e informando de sus actividades al Senado de la República. Posteriormente se irán retirando las Fuerzas Armadas, de manera gradual, de este tipo de tareas. También se acordó que sea el Senado el que analice y apruebe la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los informes anuales de la Guardia, donde se incluirá un capítulo sobre la actuación extraordinaria de las Fuerzas Armadas, y se preverán mecanismos de evaluación de los elementos en la ley.
A su vez, los gobiernos estatales diseñarán una evaluación y un programa de fortalecimiento de las capacidades policiales de estados y municipios. Se establecerá un esquema de inversión corresponsable (federación y estados) y se evaluará el cumplimiento de metas. Otro punto es que la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las entidades federativas y municipios queda explícita, y la ley proveerá
los supuestos y mecanismos. Igualmente, se deberán de expedir tres leyes complementarias para su operación: la Ley de la Guardia Nacional, del Uso de la Fuerza, del Registro de Detenciones, así como reformar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También se acordó que no se reformaría el artículo 13 constitucional, de manera que no se prevé que los integrantes de la Guardia Nacional –al formar parte de una institución policial civil– sean sujetos de jurisdicción militar.
Sobre el uso de armas y de la fuerza, se definió que
se regulará el armamento del que dispondrá la Guardia Nacional, que no será el de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; además de que se reglamentará el uso de la fuerza de trabajo bajo estándares internacionales, de proporcionalidad y excepcionalidad.
Negociación simbólica
Se acordó entre los coordinadores de la diferentes fracciones que manifestarían en tribuna sus posicionamientos sobre el tema, aunque en su oportunidad todos subrayaron la negociación cordial que se logró para la votación unánime del dictamen.
Al respecto, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza subrayó la negociación histórica que alcanzó acuerdos importantes en las que se tomó en cuenta la opinión de expertos y organizaciones civiles.
“Por primera vez en 12 años tenemos la posibilidad de construir un acuerdo en materia de seguridad pública entre los distintos poderes en el Congreso de la Unión, fuerzas políticas y en conjunto con la sociedad civil y de estas dimensiones”, mencionó.
“Mientras no se fortalezcan las policías civiles, mientras no se fortalezca la procuración de justicia o se profesionalice la Fiscalía, que son las áreas de investigación para que cuando lleguen los casos al Poder Judicial sean bien resueltos, debería de seguir el ejército en la calle” Marko Cortés, presidente del PAN “Este logro histórico merece reconocer la voluntad política de todos los grupos parlamentarios. La Guardia Nacional es resultado de la búsqueda común de soluciones que garanticen la seguridad” Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI.