INDIRA KEMPIS

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR MOVIMIENTO CIUDADANO

Las reformas constitucionales en la última década han dado a nuestro andamiaje jurídico distintos ejercicios de legitimidad para las instituciones que nos representan en el día a día. Una de las figuras representativas de nuestra ciudadanía ha sido la del presidente de la República con un historial conocido. En los años 90 tuvimos un procedimiento de una posible reelección, sin embargo, fue limitado por las fuerzas políticas externas a nuestro país. A partir de ese indicio se buscó restarle limitaciones al presidente con diversas reformas constitucionales y se le brindó poder de autonomía a la Suprema Corte. Si bien la revocación de mandato juega dos papeles interesantes, puede ser un arma de doble filo. Por una parte, representa la evaluación de la ciudadanía para poder remover de su cargo al gobernante. Por otra, podría darle legitimidad para una continuidad en el poder. Que esto tampoco es malo, de no ser porque en México la historia nos lo ha demostrado:

la perpetuación del poder también puede terminar en monopolio y de ahí derivar en fracasos. Esta herramienta de participación ciudadana sería perfecta si tuviéramos las condiciones, conocimientos y educación que nos permitan hacer contrapesos y dedicarnos a la evaluación de nuestro derecho a decidir por quién, cómo y cuánto tiempo queremos ser gobernados. Ejemplos de decisiones mayoritarias fallidas no sólo tenemos en México. El mismo presidente, con su posible desafuero, o el brexit en Inglaterra, son dos muestras de que no siempre la decisión popular opta por lo que es correcto. La revocación de mandato nos abre la puerta a representar nuestra democracia, a darnos cuenta de los errores que cometemos como sociedad en la elección de nuestros gobernantes. Aquí lo que está en juego, que son las voces de muchos críticos, es el tiempo político que también permitiría favorecer al partido del presidente en las elecciones intermedias.