VANESSA RUBIO

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL PRI

La revocación de mandato es un mecanismo de control que tienen los ciudadanos sobre el gobernante para removerlo del poder cuando éste no actúa conforme al mandato popular. Lo que se aprobó el pasado jueves 14 de marzo en la Cámara de Diputados tiene vicios importantes que ponen en riesgo el diseño democrático de nuestro país: lo más destacable es que la revocación de mandato sólo requiere que el presidente la mandate pare que se realice (con que el presidente la quiera se hace, no hay contrapeso alguno) y además establece que la consulta se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en que se elijan gobernadores de algunas entidades federativas y todos los diputados federales. Ello implicaría que la primera consulta sobre revocación de mandato se realizaría el mismo día de la jornada electoral del año 2021, cuando se elegirán a los 500 diputados federales que renovarán por completo la Cámara de Diputados y 13 gubernaturas. Y el que un presidente aparezca en la boleta, y participe explícita e implícitamente en las campañas políticas nacionales, generará una marcada inequidad en nuestra contienda electoral. Esto va en contra de toda práctica democrática y de los grandes avances para que exista un piso parejo de competencia en nuestro sistema electoral. También existe la preocupación de que llegado el 2024, la consulta sobre revocación de mandato pueda abrir una peligrosa puerta para la reelección en nuestro país, en contra del principio maderista que enarboló el inicio de la Revolución Mexicana: “Sufragio efectivo, no reelección”. No hay prisa. Los peores cambios son los que se hacen por capricho o por imposición. El tema de la revocación de mandato es tan relevante para la vida política e institucional de nuestro país que exige de un esquema de Parlamento Abierto donde podamos escuchar a expertos nacionales e internacionales, a los ciudadanos y a las instituciones de nuestro país.