ALEJANDRA LAGUNES

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL PVEM

Cada país tiene la obligación y el derecho de delinear su propia política migratoria conforme a sus principios de política exterior y su contexto migratorio particular. México, como país de origen, destino, tránsito y retorno enfrenta una complejidad enorme en la configuración de la misma. A pesar de que ésta debe de ser, por supuesto, regional, no puede estar sujeta a los caprichos o necesidades discursivas de otro gobierno, particularmente del gobierno de Donald Trump. Lo primero que debemos reconocer es que Trump está en campaña por la reelección y, como durante su primera campaña en 2016, las personas migrantes en Estados Unidos así como su señalamiento de una crisis en la frontera sur de ese país, han sido instrumentos –lamentablemente efectivos– para apelar a su base votante. En

ese sentido, México debe de pensar que enfrascarse en una guerra de palabras con Trump solo le ayudaría a reforzar su discurso y a alentar a sus seguidores: le estaría haciendo un favor. Sin embargo, México también debe de tomar en cuenta que este discurso xenófobo y racista tiene consecuencias no solo en el endurecimiento de las prácticas de vigilancia en la frontera, sino también dentro de las fronteras de Estados Unidos, en donde las comunidades mexicanas se ven más vulnerables a ataques racistas. Ante este escenario México debe de defender la seguridad y bienestar de las comunidades mexicanas en Estados Unidos a través del fortalecimiento de sus consulados y de los medios de defensa con que cuentan. La defensa de las y los mexicanos se debe dar no solo en el discurso, sino en cada estado, ciudad y calle de aquel país.