SECUESTRAR AL PODER JUDICIAL ES UNA RECETA ANTIDEMOCRÁTICA

La división de poderes es uno de los pilares que sostienen los sistemas políticos de los países democráticos gracias a los mecanismos de pesos y contrapesos establecidos en sus constituciones; ese andamiaje jurídico permite al Estado que el poder no se concentre en una institución, sino que sea distribuido de manera equitativa y así los alcances de las decisiones de cada uno puedan ser restringidos o contenidos por los otros. La separación de poderes es una teoría política propuesta por el jurista francés Montesquieu quien argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo”, por lo que es necesario que “el poder detenga al poder”.

En ese sentido, la legitimidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo emana de la elección popular, es decir, la decisión que tomamos los ciudadanos cuando acudimos a las urnas para elegir a nuestros gobernantes y representantes, mientras que el Judicial, aunque depende de los otros poderes para su conformación, busca permanecer independiente del presidente y del Congreso con el fin de evitar toda injerencia externa, sea política o económica, para impartir justicia con imparcialidad.

Cuando un gobierno lesiona la división de poderes se enciende una alarma para la calidad de la democracia, ya que los regímenes autoritarios tienen como una de sus características principales la acumulación del poder en el Jefe de Estado. Si hacemos una breve revisión de los líderes autoritarios podremos identificar este rasgo como un factor común.

Evo Morales, presidente de Bolivia desde 2006, inició una cruzada contra el Poder Judicial al año siguiente de su toma de posesión pues afirmaba que era el sector “más corrupto del país” por lo que impulsó la elección popular de jueces y magistrados.