Amparos retrasarán hasta dos años los nuevos aeropuertos
El colectivo #NoMásDerroches ha ganado ya siete de los 147 recursos para lograr que también se retome el megaproyecto del lago de Texcoco que sí cuenta con todos los permisos
El Juez Octavo de Distrito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito concedieron dos suspensiones con carácter definitivo a la terminal de Santa Lucía y una provisional que impiden la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
La continuidad del aeropuerto internacional en Santa Lucía depende de que se agoten, al menos, 147 recursos legales que han presentado para frenar la obra, a la vez de tener la suspensión total para cambiar el giro en el terreno donde se construía el Nuevo Aeropuerto Internacional (NAIM) de Texcoco.
El colectivo #NoMásDerroches sumó este lunes una suspensión definitiva a su favor, pues un juez federal ordenó parar por completo el proyecto de Santa Lucía y su construcción hasta que las autoridades federales cuenten con todos los dictámenes y permisos, así como a preservar las obras ya realizadas en el NAIM.
La suspensión otorgada determina que, antes de seguir con la construcción en la Base Militar, se debe verificar que el complejo aéreo cuente con los permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, prospección arqueológica, estrategia de viabilidad social, política e interinstitucional.
De acuerdo con Gerardo Carrasco Chávez, integrante de #NoMásDerroches, la resolución podría retrasar uno o dos años la fecha de entrega del también llamado Aeropuerto Felipe Ángeles, por la complejidad de los temas que están faltándole al gobierno federal y porque una “suspensión definitiva” es aquella que frena los actos u omisiones de una autoridad durante todo el tiempo que dure un juicio de amparo.
En una entrevista con Publimetro explicó que, aunque esta suspensión aún puede impugnarse y entrar a revisión por un Tribunal Colegiado de Distrito, las autoridades primero deberán subsanar los temas como los permisos ambientales para poder modificar o inyectar más recursos públicos en Santa Lucía, lo que –de no respetarse– causaría una violación a la ley y un delito que amerita de tres a nueve años de cárcel.
“La intención no es retrasar los trabajos en Santa Lucía sino que se ordene la cancelación total de ese proyecto y se reanude el que se tenía en el antiguo lago de Texcoco”, precisó.
“La intención no es retrasar los trabajos en Santa Lucía, sino que se ordene la cancelación total de ese proyecto” Gerardo Carrasco Chávez, integrante de #NoMásDerroches