LEONOR NOYOLA CERVANTES

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL PVEM

La semana pasada, una de las noticias más importantes fue que los integrantes de la Policía Federal se manifestaron por no estar de acuerdo en incorporarse a la Guardia Nacional, que se integra además por militares y marinos, dado que, según su consideración, se están violando sus derechos laborales, los salarios no son equitativos y no se está respetando su antigüedad, además de que el trato que se les da es “inhumano” y que no se garantiza sus permanencia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señalaron que el fracaso de la seguridad de las y los mexicanos es producto del mal trabajo y corrupción de la Policía Federal en administraciones anteriores, además de que detrás del “movimiento” de esta corporación policiaca, existe “mano negra” y otro tipo de intereses, particularmente de exfuncionarios, lo que no está comprobado y, en todo caso, se reduce a simples opiniones.

Considero que lo importante de esta situación es que la Constitución Federal establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales y humanos de todas las personas, y bajo este mandato los miembros de la Policía Federal tienen derechos laborales que el gobierno está obligado a respetar y garantizar, entre ellos el que se les indemnice en aquellos casos que no quieran incorporarse a la Guardia Nacional o al Instituto Nacional de Migración, circunstancia que el gobierno no está dispuesto a llevar a cabo dado que esto representa un desembolso millonario y, en caso contrario, un sinfín de juicios que, con el paso del tiempo y en caso de ser favorables a los policías federales, podría ser más perjudicial en términos económicos.