SAT y Función Pública van contra funcionarios corruptos
México pierde 30 mil mdd por lavado de dinero; los funcionarios públicos corruptos también están involucrados, reveló la SFP
México pierde 30 mil mdd por lavado de dinero. Es por ello que Hacienda y Función Pública firmaron un convenio que permite el intercambio de información fiscal y patrimonial e, incluso, abrir el secreto fiscal para comprobar los actos ilícitos y así cercar a proveedores, contratistas y funcionarios públicos corruptos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) van contra los proveedores, contratistas y funcionarios del gobierno corruptos, que simulan y engañan a la autoridad e incurren en los delitos de evasión y elusión fiscal.
Para tal efecto, ambas instituciones firmaron un convenio que permite el intercambio de información e, incluso, abrir el secreto fiscal para comprobar dichos ilícitos, lo cual hará posible atacar las operaciones que dañan las finanzas públicas.
La titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, informó que la fiscalización a los proveedores, contratistas y funcionarios irá desde la declaración patrimonial y de impuestos, hasta los fondos, fideicomisos y movimientos que se montan para beneficiarse de licitaciones, obras y compras de gobierno.
“Gracias a este convenio la SFP va a contar con información que le permita comprobar la veracidad de la información presentada por los contribuyentes dentro de las investigaciones correspondientes de servidores públicos, contratistas y proveedores del gobierno federal”, explicó.
Además, refirió Ríos-Fajart, la Función Pública tendrá acceso a la información delicada del SAT, incluso a aquella amparada por el secreto fiscal. Esto significa que “no habrá secrecía fiscal” en el combate a la corrupción.
A su vez, apuntó, el SAT recibirá las declaraciones patrimoniales de los funcionarios para rectificar que no haya incongruencias ante lo declarado al fisco; con la finalidad
de turnar cualquier irregularidad a las autoridades investigadoras competentes.
Tales acciones, señaló la funcionaria, se inscriben en la reforma constitucional contra la corrupción de 2015; cuyos lineamientos indican que a través de convenios –como el celebrado entre el SAT y la SFP– las instituciones pueden intercambiar información sensible.