ONU exige a México parar e indagar las agresiones a migrantes
En un principio se señaló a elementos de la Fiscalía General del Estado como los que dispararon en contra del salvadoreño
Después de que la Casa del Migrante Saltillo denunció el asesinato de un salvadoreño durante un operativo del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal y autoridades locales, organismos internacionales se pronunciaron en contra de la política migratoria en México. El gobierno mexicano, por su parte, se deslindó del caso en un comunicado.
La Casa del Migrante de Saltillo informó que los probables responsables de la muerte del migrante que se registró el pasado miércoles serían integrantes de un Grupo de Operaciones Especiales de Coahuila y no de la Fiscalía General del estado.
A través de un mensaje en Twitter, actualizó la información, luego de que en días previos denunció el asesinato de un padre salvadoreño a quien le dispararon en el marco de un operativo conjunto entre agentes del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal.
Desde mediados de julio pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue cuestionado sobre las presuntas irrupciones de policías federales a un albergue de Saltillo.
El miércoles pasado, la Casa del Migrante hizo pública una carta en la que denunciaba el hecho, así como la persecución de los migrantes quienes estaban a escaso kilómetro y medio. Manifestó que por protocolos internacionales no se deben hacer operativos o redadas a cinco kilómetros de los refugios.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un comunicado en el que desmintió que la Policía Federal y personal del INM hayan participado en el operativo relacionado con los hechos violentos. Incluso, reprobó cualquier acción fuera de la ley, así como de los protocolos de actuación.
Precisó que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades estarán a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, por lo que destacó que la dependencia a su cargo reconoce la importante labor social de las casas de asistencia humanitaria y demás organizaciones de la sociedad civil en defensa de los migrantes.
“El personal de la Policía Federal y de la Guardia Nacional tiene como deber garantizar la seguridad de las personas en todo el país, por lo que su despliegue incluye el respeto absoluto e irrestricto a los derechos humanos de las personas, tanto de ciudadanos mexicanos como de personas extranjeras, mandato que está contemplado desde su concepción”, compartió.
Este hecho de inmediato generó reacciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su división de Derechos Humanos, quien lamentó la muerte y aprovechó para realizar un llamado a las autoridades mexicanas para que se garantice que la política migratoria se conduzca con absoluto respeto a los derechos humanos.
Además, instó a las autoridades correspondientes a esclarecer los hechos y fincar responsabilidades por medio de una investigación exhaustiva e imparcial conforme a los estándares internacionales de debida diligencia.