EL TRIUNFO DE OLIMPIA
Cualquier tipo de agresión es reprobable y, como sociedad, tenemos la obligación de prevenir y rechazar cada una; sin embargo, existen algunos especialmente difíciles por su grado de violencia y daño. Me refiero a las agresiones a nuestra intimidad.
En una época donde lo privado se ha reducido al máximo, mantener espacios para nosotros mismos se ha vuelto complicado, lo que ha hecho muy valiosos aquellos aspectos de nuestras vidas en los que estamos solos o con quienes consideramos de absoluta cercanía.
Y pocos lugares de intimidad existen como los que construimos con nuestra pareja. Sin importar nuestra preferencia o forma de unión, compartir el tiempo y el espacio con alguien más es un acto de entendimiento, atracción, amor, coincidencia y, particularmente, de confianza.
Por ello, cuando rompemos ese vínculo tan cercano, el daño personal es severo, basta que recordemos alguna de las separaciones que hayamos sufrido (y que son normales en la vida de una persona) de quien consideramos, en una época específica, la persona más cercana. Al final de cuentas, no somos una especie que tenga en su naturaleza estar solos y compartir con alguien es una cualidad esencial para existir.
Imaginen ahora lo que ocurre cuando esa persona usa el acceso que alguna vez tuvo –o tiene– a nuestra intimidad para chantajear, humillar o tratar de afectar nuestro prestigio y nuestra reputación.
Ha sido el caso de miles de mexicanas (la mayoría) y mexicanos que, de un momento a otro, ven fotografías, videos, cartas o cualquier otro elemento íntimo en las redes sociales o en un intento abierto de venganza o extorsión por haber confiando en la persona que ahora pretende dañarnos, por la razón que sea.
Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada que reconoce jurídicamente el término “violencia digital”
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de la reforma a su artículo sexto.
Con esta decisión, todos los actos de amenaza, insultos, hostigamiento, vulneración de datos personales, divulgación de mentiras (información apócrifa) o de material de contenido sexual, textos, fotos, entre otros, sin consentimiento, al igual que impresiones gráficas o sonoras, auténticas o alteradas, son un delito que se castiga hasta con 12 años de prisión.
Esta ley, activa ya en 14 estados de la República, reconoce la existencia de conductas que llevaban años de convertir la vida de muchas mujeres y hombres en verdaderos infiernos, cuyas consecuencias llegaron incluso a ser fatales. Su nombre hace referencia a la valiente activista, Olimpia Coral Melo, quien en 2013 sufrió la filtración en el ciberespacio de un video íntimo.