LEONOR NOYOLA CERVANTES

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL PVEM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada declaró que su gobierno lleva 90 días “trabajando” para clasificar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos de la droga (de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tijuana, Juárez, Los Zetas, etcétera). Lo anterior, debido a que, según sus declaraciones, están “perdiendo a 100 mil personas al año por lo que está sucediendo y lo que está viniendo desde México, así como que el nivel de violencia que han alcanzado estas organizaciones justifica dicha medida, señalando que le ha ofrecido “al presidente mexicano que los deje ir y limpiarlo y él, hasta ahora, ha rechazado la oferta. Pero hasta cierto punto, algo tiene que hacerse”.

Lo anterior, implica para el Estado mexicano una intervención por parte del país vecino en los asuntos internos y que sólo nos compete a nosotros solucionar, lo cual, sería demasiado peligroso y nos convertiría en un país cuya soberanía estaría en entredicho.

Sin embargo, el cumplimiento de dichos señalamientos no es tan sencillo de que se lleve a cabo y menos que se materialice, puesto que tienen que pasar por un proceso político complicado y tardado en el país del norte, es decir, no se trata únicamente de una decisión personal, sobre todo si se considera que elevar los cárteles de la droga en México a “terroristas” no es una idea nueva puesto que otros políticos lo han señalado.

Por ello, el gobierno mexicano ha rechazado contundentemente esas manifestaciones de conformidad con los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos que en el ámbito internacional rigen.

De ahí que el gobierno del presidente de la República mexicana debe velar siempre porque se cumplan dichos principios y rechazar totalmente dichas manifestaciones en atención al respeto que los demás países deben tener de la soberanía de nuestro país.