Emboscadas en casetas, el ‘huachicoleo’ impune
Toma de casetas. Apenas el 1% de los denunciados por asaltar los peajes ha sido detenido. A pesar del envío de la GN, en la caseta de Cuernavaca se mantienen los extorsionadores.
La toma de casetas federales genera alrededor de tres mil 500 millones de pesos anuales bajo la impunidad, pues sólo 1% de las denuncias resultan en una acción penal. Además, ésta ha sido la nueva forma de financiamiento y control territorial de grupos del crimen organizado.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), las carreteras que más pérdidas han registrado por estos actos son las de Nayarit, Michoacán, Morelos, Guerrero, Sonora y Sinaloa. En cada una de las casetas se pueden obtener entre 70 y cien mil pesos al día. Pero algunas de alta afluencia pueden generar hasta un millón de pesos, según la organización.
El director de proyectos de la División de Seguridad e Inteligencia de Strategic Affairs, Armando Rodríguez, reiteró que ésta es una forma de financiamiento para los nuevos grupos del crimen organizado, los cuales –además de generar fuertes cantidades de dinero– imponen un control territorial para el tráfico de drogas.
“La toma de casetas se extendió al norte del país, pues antes no figuraba Sinaloa ni Sonora. En el caso de Sonora, gran parte del deterioro se le adjudica a la reciente creación del Cártel de Caborca, al que se le relaciona con Rafael Caro Quintero (fundador del Cártel de Guadalajara) y que busca generar ingresos de inmediato, además de asegurar el control de territorio para el trasiego de drogas”, indicó.
Aumento sin precedentes
Este delito se incrementó 7,129% en los últimos 10 años. Información oficial de Caminos y Puentes Federales revela que en 2010 se registraron 34 tomas de casetas, pero para el primer semestre de 2019 ya se reportaban dos mil 458; es decir, hubo un aumento de 7,129% en el periodo referido.
El director general de la AMCIV, Marco Frías, dio a conocer que entre 2018 y 2019 interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) alrededor de tres mil denuncias, aunque sólo 30 personas (1%) recibió alguna acción penal por estos actos, que se castigan con 15 días a 30 años de prisión.
“Cuando se presenta una toma presentamos la denuncia correspondiente. (Pero) es complicado judicializarla y que le den seguimiento. Algunas detenciones se han llevado a cabo en Veracruz, Sonora, Estado de México y Nayarit”, comentó.
Ante esto, recientemente diputados de la Comisión de Comunicaciones y Transportes presentaron una iniciativa que busca dotar de un marco legal a la Guardia Nacional y a autoridades locales para poder actuar conforme a la ley ante dichos actos y que no queden impunes. Y aseguraron que se trata de un tema de seguridad nacional, “ya que atrás de estos grupos está la delincuencia organizada”.
“Es un modus operandi para sacar dinero. Un acto ilícito, como el huachicol. No hay ninguna causa justa que se defienda. No es porque hubo una represión. La policía reprimió a unos manifestantes y entonces en protesta se toma la caseta. O porque hace falta agua potable en la colonia cerca de la caseta. O porque cuando se hizo la autopista no los indemnizaron”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO
Falta de gobernabilidad
La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, aseguró que el incremento exponencial de la toma de casetas refleja una falta de gobernabilidad y un nulo interés por parte del gobierno federal para erradicar el problema.
“La toma de casetas no sólo daña a las familias mexicanas que no pueden transitar por las carreteras del país con tranquilidad, sino también al turismo y al comercio. Antes sabías qué tramos eran inseguros, pero ahora, con la toma de casetas, cualquier grupo te puede detener y exigir una cuota de manera violenta”, indicó.
Expertos coincidieron en que la pandemia y la incertidumbre económica recrudecerá estos actos y cada día serán más. “A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria se complicó mucho el tema; en Sinaloa las casetas están tomadas permanente desde hace varios meses y Tlaxcala empieza a ser un foco rojo”, indicó Marco Frías.
Esto, precisó, también ha afectado fuertemente a transportistas, quienes sufren grandes pérdidas debido a los costos logísticos que dejan los retrasos de entrega por las tomas de casetas, además de que –en muchas ocasiones– las casetas suelen ser vandalizadas.
Publimetro buscó a Capufe y a la FGR para conocer el número de denuncias presentadas y sus resoluciones, al igual que a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para conocer cómo son los protocolos de actuación; sin embargo, hasta el cierre de esta edición la información y las solicitudes de entrevista fueron ignoradas.