Para reducir la corrupción y restaurar la confianza en la política, los gobiernos deberían:

Reforzar los controles y equilibrios y promover la separación de poderes.

Abordar el tratamiento preferencial para asegurar que los presupuestos y los servicios públicos no se vean impulsados por conexiones personales o sesgados hacia intereses especiales.

Controlar la financiación política para evitar el exceso de dinero e influencia en la política.

Gestionar los conflictos de intereses y abordar las “puertas giratorias”.

Regular las actividades de lobby promoviendo un acceso abierto y significativo a la toma de decisiones.

Fortalecer la integridad electoral y prevenir y sancionar las campañas de desinformación.

Empoderar a los ciudadanos y proteger a los activistas, denunciantes y periodistas.