IP prevé más informalidad en el país debido al alza del minisalario
Pymes están en riesgo de operar bajo la informalidad porque se detonará el consumo, alertaron el CCE y la Coparmex La Conasami avaló un aumento de 25% al salario de las trabajadoras del hogar, pero no fue suficientes para el sindicato del ramo
El aumento de 15% al salario mínimo encendió las alertas en las cúpulas empresariales al considerar que incrementará la informalidad y la inflación.
En la aprobación del alza para 2021 se incluyeron dos actividades a la lista de salarios mínimos profesionales: trabajadoras del hogar, con 25%; y jornaleros agrícolas, con 30% respecto al salario monto vigente.
En este contexto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó la decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) como “inadecuada” y fuera de la realidad, pues plantea un aumento “parejo” prácticamente para todos los salarios que se consideran como acti
vidades profesionales.
El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, comentó que aumentar en esos porcentajes, presionará la capacidad productiva del país al incrementarse el consumo sin la contraparte, que es la producción
y esto pueda provocar un aumento de precios.
Alertó que las pequeñas y medianas empresas no podrán solventar el alza de 15% en la negociación de los contratos colectivos que se hace a principios de año y el impago las dejará en la informalidad.
Actualmente, de los casi 56 millones de mexicanos de la Población Económicamente Activa (PEA), 20 millones están en la formalidad y 36 millones en la informalidad y el impacto que puede tener este aumento puede traducirse en más trabajadores informales.
En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) rechazó el acuerdo de la Conasami porque no tomó en cuenta las particularidades de su labor, sus necesidades económicas ni derechos laborales.
Recordó que el artículo 3 del Convenio 131 de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), sobre la fijación de salario mínimo, el cual fue ratificado por México, establece que se considere el costo de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales.