¿El gobierno debe autorizar recursos al INE para la consulta de revocación de mandato?
María Graciela Gaitán Díaz Senadora de la República por el PVEM
El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que nos interesa, que son derechos de los ciudadanos mexicanos participar —mediante votación libre, directa y secreta— en los procesos de revocación de mandato, particularmente del Presidente de la República, lo cual será convocado y organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que ha señalado que necesita un presupuesto adicional considerable, ante lo cual, el titular del Ejecutivo aseguró que dicha institución tiene que hacer un ajuste a su presupuesto liberando fondos y reduciendo los sueldos altos de los consejeros y asesores. En cumplimiento de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF y atendiendo a la determinación de la Suprema Corte mexicana, el Consejo General del INE ha informado, por una parte, que para la continuidad en la organización del proceso que nos ocupa aprobó ajustes presupuestarios adicionales para reducir el costo del ejercicio de 3 mil 830 a 3 mil 306.73 mdp; además, se hicieron ajustes a otros proyectos para sumar 64.4 mdp a los mil 503 ya disponibles y, por otra parte, que dichos recursos aún NO son suficientes para realizar este ejercicio, por lo que solicitó a la Secretaría de Hacienda la cantidad de mil 738.9 millones de pesos más, lo cual, a mi juicio, sí debe ser considerado y, en su caso, autorizado, pues como lo adelanté, al ser un derecho de los ciudadanos mexicanos, que tenemos reconocido constitucionalmente, para participar en la revocación de mandato del Presidente de la República, y establecerse en la propia Carta Magna que es obligación de todas las autoridades promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, deben llevarse a cabo todas las acciones posibles para la realización de este proceso tan importante.
Kenia López Senadora de la República por el PAN
Uno de los principios generales del Derecho dice que “nadie está obligado a lo imposible”, lo cual aplica en estos momentos al INE. Si el titular del Ejecutivo federal desea hacer la consulta para satisfacer su ego —una vez más— debe procurar que el Instituto Nacional Electoral cuente con los recursos necesarios. La consulta va a costar 3 mil 300 millones de pesos y la Constitución y la ley en la materia mandatan que se instalen las mismas casillas para la revocación de mandato que las instaladas durante el proceso electoral anterior, es decir, deben ser 161 mil casillas, capacitar a medio millón de funcionarios de casilla, imprimir toda la papelería electoral, llevar a cabo el monitoreo de medios de comunicación y realizar los conteos de votos recibidos. Sería muy peligroso no contar con los recursos suficientes y hacer una consulta “patito” como las que acostumbra Morena. La revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana cuando se pierde la confianza en el Presidente y este se vaya de manera anticipada; sin embargo, esta noble figura está siendo pervertida por el partido oficial, pues está siendo utilizada con fines electorales y de promoción del presidente. El Ejecutivo federal tiene un mandato establecido de seis años, y aunque ya estamos a más de la mitad del camino, son más los pendientes que los logros. Estos recursos que se van a tirar a la basura para cumplir el capricho del primer mandatario se deben utilizar para alguno de los pendientes más urgentes para los mexicanos, como la insuficiencia de vacunas contra el Covid-19, la falta de medicamentos, el combate a la inseguridad, la economía familiar, entre otros. Lo que necesita el INE no son amenazas de juicios políticos, ni amedrentamientos de funcionarios del gobierno, lo que necesita es que se le asignen recursos suficientes para cumplir con lo que la ley establece.
Mónica Fernández Senadora de la República por Morena
Como un compromiso del actual gobierno y el acompañamiento del Congreso, se estableció como derecho ciudadano la posibilidad de que a través de las urnas los mexicanos podamos decidir si el Presidente debe permanecer en el cargo o ser retirado. De ahí que en la propia ley se le haya facultado al INE la organización de la consulta. En ese sentido, el INE debe llevar a cabo un complejo proceso para garantizar que todas las personas puedan ejercer ese derecho humano. Sin embargo, en las últimas semanas se ha buscado obstaculizarlo mediante pretextos de carácter financiero. En noviembre pasado, la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto federal para este año, dispuso de recursos económicos suficientes para que el instituto electoral cumpla con su mandato. Como parte de esa estrategia, han buscado que el gobierno destine una mayor cantidad de dinero, lo cual significaría distraer recursos que ya están comprometidos como los de los diversos programas sociales y que son indispensables para millones de personas adultas mayores, jóvenes que necesitan un apoyo para su futuro, hombres y mujeres en condiciones vulnerables o quienes los requieren para atender la salud o mejorar su situación productiva. Por eso insistimos en que todas las instituciones, en este caso el INE, deben hacer un esfuerzo para fortalecer nuestra democracia participativa, al tiempo de aplicar programas de austeridad que eviten los dispendios y se apliquen los recursos a las cuestiones sustantivas como es el ejercicio de ese derecho y se reduzcan al máximo los gastos superfluos. Tenemos la certeza de que con el presupuesto destinado será posible llevar a cabo ese proceso que será histórico porque por primera vez los mexicanos podremos expresar el rechazo o respaldo al gobierno de la República.
Nuvia Mayorga Senadora de la República por el PRI
Sí. Uno de los mayores logros que se ha conseguido para la democracia en los últimos 25 años es la creación de un Instituto encargado de organizar y calificar las elecciones que quede fuera del alcance del Poder Ejecutivo, ya que, como funciona este país y muchos otros, el partido en el poder busca mantenerse como un elemento natural del ejercicio del mismo, por lo tanto, en caso de tener en su ámbito el área encargada de lo electoral, se convierte en juez y parte. Incluso, más allá de la creación del entonces Instituto Federal Electoral, lo relevante se encontró en la consecución de su autonomía, por lo que todo lo vivido por el INE en los últimos meses es un auténtico despropósito a su naturaleza jurídica de órgano constitucional autónomo, ya que, en función de las necesidades —ya sea en año electoral o en uno sin elecciones— se formula un presupuesto suficiente que le permite desempeñar tareas que, hasta hoy, ha desarrollado de buena manera. Por otro lado, la consulta por la revocación del mandato es un ejercicio democrático sin precedentes, pero importante para fomentar la participación ciudadana (siempre y cuando arroje números representativos), lo que implica que se debe realizar, pero con los recursos suficientes que le den certeza y transparencia, ya que de lo contrario sería cuestionable una figura que se ha forzado a realizar con la única intención de apuntalar un proyecto clientelar. Resulta sumamente ilógico que en un año en el que se le redujeron recursos a muchos programas e instituciones vitales para la vida de nuestro país, entre ellos el INE, resultado de los estragos de una pandemia, se le quiera obligar a realizar una consulta con costos millonarios sin que haya una adecuación presupuestal.