REPRUEBA JALISCO EN SUS CÁRCELES
La entidad recibe la segunda peor evaluación en el país respecto a sus reclusorios
Antonio Tony Gali, el gobernador panista de Puebla, estaría por anunciar acciones penales contra varios alcaldes de su estado, como parte de las acciones para combatir a las mafias de los chupaductos de combustible, conocidos como huachicoleros. Habrá que ver si el ejemplo de buen juez en casa es seguido por corporaciones policiacas federales, empleados de paraestatales y otros servidores públicos a los que también se les atribuye complicidad en este fenómeno.
Horacio Duarte, representante de Morena en el Edomex, afirma tener pruebas para echar atrás los resultados en el Estado de México. Su equipo nos adelanta que se trata de nueve carpetas en las que se documenta que en la campaña de Alfredo del Mazo se usó doble contabilidad y se sobrepasó el tope de campaña, con lo que podrán demostrar que la coalición encabezada por el PRI gastó más de 412 millones de pesos y no los 115 millones que reportó al INE.
Rosario Robles, titular de la Sedatu, recuperó reflectores dentro del gabinete federal, tras lograr que en municipios del occidente del Edomex el
tricolor ganara por una buena diferencia, contra lo ocurrido en los del oriente, como Texcoco, Neza y Ecatepec, que estaban bajo la supervisión del equipo del canciller Luis Videgaray. En el gobierno federal nos adelantan que esta operación exitosa de Robles le permitirá tener un peso propio dentro del equipo de Alfredo del Mazo cuando sea declarado gobernador electo. Miguel Ángel Mancera,
jefe de gobierno de la CDMX, podría estar errado ante la supuesta laxitud del nuevo sistema de justicia penal. A decir del mandatario capitalino esta nueva forma de administrar justicia ha puesto en libertad a, por lo menos, 15 mil imputados, mismos que están ahora mismo en la calle haciendo de las suyas, pues al eliminar la prisión preventiva ha provocado un aumento en los robos a transeúnte, homicidios y robos con violencia. El funcionario no alude a que hay un problema en la capacitación de policías y agentes del Ministerio Público, quienes hacen mal su trabajo y en las audiencias ante los jueces son puestos en ridículo hasta por abogados recién titulados. En una escala de cero a 10, las cárceles municipales obtuvieron calificación promedio nacional de 3.90, en las que sobresalen por sus deficiencias las de Nayarit, con 1.40; Hidalgo, 2.78; Jalisco, 3.57; Tabasco, 3.94; Chiapas, 4.12; Puebla, 5.24, y Quintana Roo, 5.69, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016.
El documento, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que los Centros de Readaptación Social (Ceresos) obtuvieron 6.27 de calificación; los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), 7.21, en tanto que las prisiones militares fueron las mejor evaluadas con 7.95.
Durante la presentación del diagnóstico se informó que los centros municipales de reclusión con menor promedio son las distritales de Zimapán y Zacualtipán, Hidalgo, así como el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco. Sin embargo, las cárceles municipales de Acaponeta, Rosa Morada y San Blas, Nayarit, tienen una calificación inferior a un punto dentro de la escala en cuestión, que mide las condiciones mínimas que deben existir en un penal para garantizar una estancia digna y segura, capaz de lograr la reinserción social de los internos.
Al respecto, la tercera visitadora, Ruth Villanueva Castilleja, indicó que el respeto a los derechos humanos es una asignatura pendiente en las instituciones del país. Explicó que el diagnóstico contiene consideraciones cualitativas y cuantitativas, “visibiliza las condiciones de reclusión, las necesidades existentes en los centros penitenciarios y las posibilidades de fortalecer un sistema por los derechos humanos”.
El diagnóstico se hizo sobre una muestra de 131 centros penitenciarios estatales, 42 cárceles municipales, 19 centros federales y tres prisiones militares, de un total de 392 centros.
Abarcó una población de 211 mil 982 personas internas, que conforman 87.73% de la población total recluida al inicio de 2016.
Además, se adicionó la evaluación de 42 centros que dependen de autoridades municipales, así como información relativa a la población de mujeres por centro, efectuando la supervisión específica de los centros femeniles del país en funcionamiento al momento de la visita, abarcando 86.16% de la población total femenil.
En cuanto a riñas al interior de centros penitenciarios, se informó que en el año en cuestión se registraron 979, esto es, en promedio, 2.6 diarias, siendo Sonora el estado que reportó más, con 195; Nuevo León, 78; Chihuahua, 61; Querétaro, 56, y Tlaxcala, 54. Villanueva Castilleja expuso que entre las deficiencias encontradas en los centros municipales figuran insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo y falta de separación entre procesados y sentenciados.
Además, continúa la carencia de reglamentos y manuales, escasa o nula difusión de la normatividad, falta de áreas médicas, medicamentos y profesionales de la medicina, inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de esos centros, así como de acciones preventivas para atender incidentes violentos.
La CNDH comprobó también la persistencia de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno/cogobierno, falta de prevención y atención de incidentes violentos en centros estatales, así como anomalías en la separación entre procesados y sentenciados.
Otras irregularidades encontradas son condiciones materiales, equipamiento e higiene en áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores, y la falta de personal de seguridad y custodia.